Una mujer que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada por tres fiscales federales por haber participado en la captación en 2003 en Corrientes de una adolescente –de 14 años– con la excusa de llevarla a estudiar a Rosario. Sin embargo, de acuerdo a la teoría del caso, nunca fue escolarizada y fue obligada a hacer tareas domésticas en un domicilio de Montevideo al 100, en barrio Martin, durante 22 años sin remuneración alguna. El caso salió a la luz el pasado 2 octubre, cuando la Policía Federal rescató a la víctima, que actualmente tiene 37 años.
La imputación fue formulada por la fiscal de la Unidad Fiscal Rosario Adriana Saccone y por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, en una audiencia de formalización realizada ante el juez de Garantías Román Lanzón.
Las fiscales solicitaron que E. S. S. sea detenida y extraditada. Sin embargo, el juez ordenó por el plazo de un año una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, como fijar domicilio, una firma mensual en el consulado argentino más cercano a su casa, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima. De este modo, Lanzón también rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa, representada a través del abogado Gustavo Feldman.
En la audiencia, la víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento interdisciplinario de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio, ambos del Área de Atención a Víctimas de la unidad fiscal, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.
Las fiscales consideraron a E. S. S. como presunta autora del delito por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025, por entender que, desde esa fecha subrogó el lugar de su madre –también investigada en el legajo fiscal– en lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, valiéndose de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima. De ese modo, continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo.
Las fiscales explicaron que se trata de un delito “de ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años”, hasta el 2 de octubre, cuando cesó la situación tras la intervención de las autoridades.
“No podemos atribuirle a E.S.S. los 22 años de explotación pero sí sostenemos que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa de (la calle) Montevideo, ha tenido la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha continuado, lo ha perseverado, porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad”, señalaron las funcionarias judiciales.
Captación y traslado a Rosario
Las fiscales relataron que, en 2003, cuando tenía 14 años, la víctima fue captada en la localidad de Tres Bocas, Corrientes, en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social. Tras la muerte de su padre, su madre –sin posibilidades para sostener la crianza de nueve hijos– autorizó el traslado de su hija mayor a Rosario bajo la promesa de que iba a tener una mejor calidad de vida, “la posibilidad de estudiar, de ser maestra o abogada”.
De acuerdo a la información publicada en el sitio web Fiscales, el ofrecimiento fue realizado por una mujer identificada como D.M.G. –cercana a la familia y ya fallecida–, que ofreció a llevar a la adolescente a la casa de su prima en Rosario. Las fiscales explicaron que la mamá de la entonces adolescente fue trasladada a una escribanía donde, “sin nadie de su confianza” y “sin saber leer”, firmó un acta notarial en la cual se dejó constancia que su hija sería trasladada a la ciudad. “Nunca supo qué fue lo que firmó”, dijeron las representantes del MPF.
La adolescente fue llevada en colectivo a Rosario y recibida por J.E.G.S. –la madre de la actual imputada– en la casa de la calle Montevideo al 100. Según la Fiscalía, allí la promesa original nunca se cumplió. La chica nunca fue escolarizada y fue sometida a realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y de elaboración y cocina. También otras relativas a la preservación de la vivienda, administración de pagos de servicios, compras cotidianas de alimentos y a la asistencia personal y acompañamiento de J.E.G.S., todo ello a cambio de un lugar para vivir, comida y algo de ropa, sin que se le abonara ninguna contraprestación por sus labores.
Continuidad de la explotación y control a distancia
Las fiscales señalaron que, cuando la madre de la imputada comenzó a tener problemas de salud en 2022, su hija “subrogó el lugar de su madre, se hizo cargo de su cuidado y de la gestión de la casa, lo que incluyó la continuación de la explotación”. Así, incrementó la carga laboral de la víctima asignándole la asistencia y cuidado no terapéutico de su madre.
Siempre según la acusación, para supervisar las tareas desde Estados Unidos, E.S.S. instaló 16 cámaras de seguridad en la propiedad y le entregó a la víctima un celular para impartir instrucciones.
De acuerdo a la causa, las tareas que realizó la víctima durante 22 años fueron en jornadas completas, sin retiro de la casa ni recibir ningún tipo de remuneración por sus servicios, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos y con ausencia total de aportes previsionales y cobertura de salud. Tampoco le permitieron tener vínculos sociales por fuera de esa casa.
En cuanto a la situación de J.E.G.S., la madre de la actual imputada, la fiscalía está a la espera de un informe médico para evaluar si está en condiciones de ser sometida a un proceso.
