En Francia al 200 hacía seis años que los propietarios de departamentos de un edificio vivían sin poder escriturar, hasta que se enteraron que la desarrolladora nunca había obtenido el final de obra porque había violado las normativas de construcción. En otro PH de Ituzaingo y Sarmiento ocurrió una situación idéntica, y con la misma sorpresa se encontraron hace pocos meses los dueños de unidades de Libertad al 300.

Si bien no se trata de una práctica generalizada de las constructoras, hay un puñado de empresas y emprendedores que busca sacar provecho de lo que algunos consideran una escasa fiscalización de las obras por parte del municipio. Lo que hacen es construir más pisos de lo permitido en determinada zona para sacar un mayor rédito económico, y una vez que venden las unidades el problema pasa a ser del propietario, que se encuentra con que no puede escriturar.

Cuando las excusas se acaban, tarde o temprano los que compraron de buena fe se encuentran con esta defraudación de parte de quien les vendió, y el caso termina llegando al Concejo Municipal. Ante la imposibilidad de tirar abajo el o los pisos añadidos, y para no perjudicar al ciudadano que pagó por su techo, el cuerpo legislativo generalmente termina aprobando una excepción, con la cual se consigue el final de obra y así se puede escriturar. Pero como resultado, se termina habilitando una ilegalidad y perdiendo la uniformidad establecida por el Código Urbano para cada zona.

Ahora el Concejo busca terminar esta avivada a partir de un proyecto que establece dos fiscalizaciones obligatorias durante la obra. “Proponemos modificar la ordenanza y donde dice que el municipio ‘podrá’ fiscalizar las obras queremos que diga que ‘deberá’ hacerlo, y como dicen que es imposible hacerlo con todas las construcciones, pedimos que lo hagan sobre los PH destinados a la venta y no sobre refacciones o ampliaciones particulares”, planteó Agapito Blanco, autor de la iniciativa.

El edil de Cambiemos quiere que el control se haga en dos momentos claves. Primero, cuando se ejecute el tercer piso, ya que para ese entonces ya está definida la estructura del edificio y entonces es posible verificar si cumple con las normativas al respecto de patios mínimos, ventilación, cajas de escalera y de ascensores, entre otros puntos. La segunda instancia será cuando se llegue a la última losa, la de la azotea. “Una mirada más o menos experta del inspector podría determinar si hay intencionalidad de hacer un piso más, porque entonces deberían estar las armaduras a la vista, o si efectivamente van a terminarlo ahí”, señaló a Ecos365.

En cada uno de estos controles (ambos cuando se ejecuta la etapa de hormigón armado, y no ya la división y mampostería), a cargo de Obras Particulares, se deberán emitir certificados de visita avalando o rechazando la construcción. Ambos deberán estar aprobados para que se otorgue el final de obra. Si no lo están, no habrá excepción: el constructor deberá readecuar la obra por más que eso implica tirar abajo un piso. En los últimos años hubo dos casos en los que se llegó a esta instancia, uno de ellos por un edificio ubicado justo frente al Distrito Centro, donde están los inspectores. En el último tiempo, un desarrollador que había hecho departamentos cuando tenía permiso para hacer cocheras, tampoco consiguió ninguna excepción.

“Esto no va a implicar ninguna demora ni costo extra para el desarrollador”, se atajó Blanco ante potenciales cuestionamientos, y aclaró: “El constructor deberá avisar que está en la tercera losa o en la última y seguir trabajando, siendo responsabilidad del municipio fiscalizar a tiempo”, cerró. La propuesta está siendo pulida en la comisión de Planeamiento, pero en principio cosechó adhesión mayoritaria.