La semana arranca con todos los frentes abiertos. En Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei entra en una zona compleja en lo político, económico y judicial. En Rosario, mientras tanto, la espera por una obra clave lleva más de 850 días, convertida en una postal del abandono de las obras de infraestructura.

La revisión técnica del FMI entra en etapa decisiva y la señal es clara: no hay más margen para incumplimientos. Argentina debe pagar vencimientos esta semana y quedará con apenas USD 4.300 millones netos de reservas, en un contexto donde el dólar financiero volvió a calentarse y la brecha cambiaria empieza a incomodar al propio oficialismo.

Las dudas del mercado se profundizaron tras el informe de JP Morgan, que advirtió sobre la vulnerabilidad de la estrategia de carry trade, sugirió desarmar posiciones en pesos y proyectó nuevas tensiones si no llegan señales fiscales claras. A eso se suma el escándalo judicial por YPF, con fallo adverso ratificado en EE.UU., y la preocupación de los inversores por la sostenibilidad del ajuste.

El frente político no da respiro. Con la caducidad del mega DNU 70/2023, Milei pierde los “superpoderes” de facto con los que gobernó hasta ahora. El Congreso empieza a recuperar iniciativa y anticipa conflictos por la reforma fiscal, laboral y previsional.

A la vez, el presidente lanzó una ofensiva directa contra los jueces laborales, acusándolos de sostener una “industria del juicio” que, según él, “destruye al sector privado”. El plan: limitar sus competencias y avanzar en una reconfiguración del fuero laboral, en línea con los intereses del empresariado. El Poder Judicial responde con tensión creciente.

La bajada que no baja: las obras de infraestructura pendientes de Nación en Rosario. En este contexto de tormenta institucional, una obra concreta y adjudicada en Rosario resume el efecto territorial de un Estado que decidió paralizar toda obra de infraestructura, incluso algunas claves. En este caso se trata del Distribuidor Vial Wilde–Autopista Rosario-Córdoba, adjudicado en febrero de 2023 con un presupuesto de $340 millones y un plazo de apenas 140 días. Ya pasaron más de 850 días. No hay obras. No hay cronograma. Y no hay respuestas.

El Grupo Wilde y Autopista – Vecinos y Empresarios, que nuclea a pymes industriales, clubes como Caranchos y Old Resian, y familias vinculadas a instituciones como el Mercado de Concentración y el Colegio Inglés, exige explicaciones oficiales sobre el expediente (EX-2025-56990907- -APN-DSF#DNV) y una fecha real de inicio.

Mientras en Capital se debate sobre los grandes números del ajuste, el caso de Wilde muestra cómo se deteriora la vida cotidiana del interior productivo. Fisherton, uno de los barrios más dinámicos de Rosario, solo cuenta con dos accesos principales. Esta bajada podría aliviar embotellamientos, mejorar la logística de abastecimiento de alimentos, facilitar el transporte escolar y dar conectividad a cientos de empresas.

“Fue adjudicada, tiene presupuesto, expediente y contratista. No hay razones válidas para seguir postergándola”, advierten desde el colectivo de vecinos y empresarios. El contraste es brutal: en Buenos Aires se discuten reformas estructurales, pero en Rosario no se puede ni construir una bajada de autopista.

Mientras los dólares se evaporan, el Congreso se endurece, el FMI reclama y los jueces se preparan para la batalla, Rosario vuelve a chocar contra la pared de un Estado que ya no llega al territorio. Lo que no baja en Wilde no es solo una rampa de concreto: es la expectativa de una ciudad que aporta, produce y espera… sin recibir.