El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que las declaraciones del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se segmenten en dos grupos para reducir la carga administrativa: las empresas con activos y pasivos externos menores a USD 10 millones pasarán a presentarlas anualmente, y el resto, trimestralmente.

Esta medida forma parte del plan oficial de simplificación administrativa que busca eliminar normativas obsoletas y trámites que obstaculizan la actividad económica y la libre competencia.

"Esta norma beneficiará a más de 24.000 empresas, mientras que unas 1.500 (las de mayor tamaño) seguirán presentando la declaración trimestral, aunque con requerimientos simplificados. WEsto permite mantener estadísticas del sector externo oportunas y de calidad", indicaron desde la institución momentaria.

La puesta en marcha de esta simplificación comenzará en enero de 2026 debido a que hay que adecuar los sistemas de captación y procesamiento de la información y servirá también para tener una base de datos más transparente, que redundará en una disminución de la deuda comercial declarada.

Con la información del RAyPE, el BCRA elabora los Informes de Deuda Externa Privada y de Inversión Extranjera Directa, que se publican trimestralmente. Asimismo, los datos se comparten con el INDEC, que los utiliza como insumos clave para estimar la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional, fortaleciendo así la transparencia y la precisión de las estadísticas nacionales.

Del Cumplimiento a la Estrategia: Un Nuevo Enfoque para la Pyme Regional

Esta flexibilización impulsada por el BCRA se inscribe dentro de una política más amplia de desregulación económica que busca alinear a la Argentina con las prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promoviendo un entorno de negocios más ágil y competitivo. La simplificación del RAyPE es un paso concreto que resuena directamente en el corazón productivo de Rosario y su zona de influencia.

Para el empresario Pyme local, cuya principal actividad se centra en la producción y la comercialización, la carga de cumplimiento normativo representa un costo significativo, no solo en términos económicos—al tener que contratar servicios contables especializados—sino también en tiempo y recursos humanos. La transición de una obligación trimestral a una anual para un universo mayoritario de empresas implica una liberación de estos recursos que ahora pueden ser reinvertidos en áreas estratégicas del negocio:

• Foco en la Expansión: Las horas y el capital destinados previamente a la burocracia pueden ahora dirigirse a la búsqueda de nuevos mercados, al desarrollo de productos o a la participación en ferias internacionales.
• Reducción de Barreras: Para muchas pequeñas empresas que operan en el límite de la formalidad o que dudaban en iniciar actividades de comercio exterior, la disminución de la complejidad regulatoria puede ser el incentivo necesario para dar el salto a la exportación o importación de insumos.
• Mejora en la Planificación Financiera: Si bien la medida entrará en vigor en 2026, las empresas ya pueden comenzar a planificar sus estructuras administrativas y financieras con un horizonte de menor presión burocrática.

Es crucial que los empresarios consideren que esta simplificación no elimina la necesidad de llevar un registro meticuloso de sus operaciones con el exterior. Por el contrario, exige mantener una disciplina contable interna robusta para poder consolidar y presentar la información anual de manera precisa y sin contratiempos. La medida, en definitiva, transfiere la responsabilidad de una supervisión constante por parte del ente regulador a una mayor confianza en la autogestión y la transparencia de las propias compañías.