Mientras el sector de la obra pública se entusiasma con el paquete de infraestructura que Provincia y municipio pusieron en marcha, los constructores privados confían en que el aumento de consultas producido en la postpandemia comience a traducirse en la concreción de operaciones inmobiliarias, que –ellos mismos reconocen- todavía están lejos de los niveles de prepandemia. Lo que preocupa a unos y otros es el aumento de precios, la incertidumbre respecto a los materiales y, sobre todo, la falta de financiamiento.

Estos serán algunos de los temas que se plantearán en la presentación del Foro de la Vivienda, que reunirá a representantes de cámaras del sector, colegios profesionales y autoridades locales y provinciales este miércoles por la tarde en el Consejo de Ciencias Económicas. Después de números mensuales negativos entre noviembre y enero, el sector tuvo un fuerte crecimiento en febrero (11,2% según el Índice Construya), que dio paso a uno más moderado en marzo con 3,7%, y una variación interanual de 9,2%.

A partir del acuerdo con el FMI, la aprobación del presupuesto provincial y la continuidad y puesta en marcha de nuevos proyectos de obra pública (como el caso del plan provincial de viviendas para sectores medios que fue anunciado por Ecos365), la expectativa es que los números sigan por una senda positiva. No obstante, algunas voces advierten que esta bonanza sectorial podría traer aparejada otras complicaciones, en un contexto en el que trabajar con stock de materiales se volvió más imprescindible que nunca.

“La escasez de insumos y la suba de precios se están sintiendo, y como las expectativas de la construcción son buenas, nos preocupa lo que podría ocurrir ante un mayor crecimiento del sector. Nos preguntamos si los proveedores podrán atender esa demanda extra y a qué valores”, planteó un referente del rubro.

No es el único temor que ocasiona la difícil coyuntura. Se sabe que la construcción demanda procesos comerciales largos, sobre todo en obra pública, y si bien reconocen que se han mejorado los plazos de pago, nada alcanza con una inflación que en marzo llegó al 6,7%. “Hoy cualquier plazo es peligroso, y en obra pública tenés entre 90 y 120 días hasta que das la vuelta. En el mejor de los casos 40. En el mientras tanto, ¿cómo reponés? La redeterminación de precios ayuda, pero siempre está detrás y tenés que tener cada vez más espalda”, sostuvo. Para darse una idea, del atraso, actualmente con el sistema de redeterminación se está certificando a niveles de noviembre del año pasado.

A favor, cuentan que tras la sanción del Presupuesto Provincial 2022 se ganó mucho en previsibilidad y se reanudaron los pagos y proyectos. Además, el buen pasar de las arcas provinciales otorga tranquilidad. Pero esto sólo compensa en parte el gran problema que es la falta de financiamiento. “Hoy si necesitamos recurrir al mercado nos piden tasas de 60% o 70% anual, y no tenemos líneas específicas”, se quejó un constructor. Una alternativa planteada es un sistema de anticipo que permita a las empresas financiar buena parte del largo proceso, frenando en parte el rápido deterioro en el corto plazo de los precios.

Pero también reclaman la Ley de Incentivos a la Construcción, que quedó congelada en el Congreso a la espera del acuerdo con el FMI y nunca se retomó, y que plantea una serie de beneficios impositivos, además de pedir nuevas desgravaciones impositivas que permitirían darle otro impulso al sector. Se trata de paliativos, ante la enorme dificultad de encarar en un contexto como este una solución de fondo que podría aportar el crédito hipotecario. “Si no se resuelve la inflación, ¿con qué sistema salís a ofrecer un crédito hipotecario? ¿A qué tasa? El UVA se vuelve inviable. Se podría pensar en ajustar en base al salario, pero cada vez está más deprimido y el costo financiero es cada vez mayor”, apuntaron.

Otro tema de interés para el sector es el vínculo con las empresas de servicios públicos, sobre todo con la Empresa Provincial de Energía (EPE). Si bien reconocen que hay diálogo, también admiten que son constantes las demoras para habilitar nuevas conexiones, algo que atribuyen sobre todo a la falta de personal de la empresa.