Casi una decena de pedidos de excepción para construir por fuera de las normas del Código Urbano se analizaron sólo en la última sesión de la comisión de Planeamiento. Lo destacado es que buena parte de ellas corresponde a edificios ya finalizados, con más metros de los originalmente autorizados, que apelan al Concejo Municipal para obtener el final de obra y así poder avanzar -en muchos casos- con la escrituración. Mientras tanto, y desde hace dos años, un proyecto que apunta a limitar la estrategia de construir más de lo permitido primero, y pedir permiso después, se encuentra frenado en el cuerpo legislativo.

La excepción se convirtió en una regla

Entre los expedientes más importantes, analizados por la mencionada comisión, se encuentra el de Alsina 1258. Allí se levantó un edificio por el cual el dictamen de la Comisión de Evaluación de Proyectos Urbanos (Cepu), planteaba que debería cobrarse mayor aprovechamiento con la nueva normativa, por lo que –para la edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, “debería ser del 4º piso en adelante”.

Por su parte, el concejal oficialista, Fabrizio Fiatti, recordó que “el permiso original -con el Código anterior- era de planta baja y 11 pisos, por lo que se excedió en tres metros”. Finalmente se acordó darle despacho pero con un cobro de mayor aprovechamiento por el piso 12, sancionar a los profesionales a cargo de la obra, y notificar de la misma al colegio que los representa. Por otro lado, también despacho un mensaje del Ejecutivo respecto a una ampliación “sin final de obra” en un edificio ubicado en avenida de la Libertad 382, y de igual modo aplicar un cobro por “mayor aprovechamiento constructivo”.

También se avaló una solicitud de la Asociación Evangélica Metodista Argentina para regularizar una obra realizada en Mendoza 3753. Se trata de un geriátrico en el que se habían autorizado a hacer tres habitaciones y dos baños, pero se ejecutó exactamente el doble: seis habitaciones y cuatro baños. Allí se determinó el “cobro de una multa por construir sin permiso”. Por otro lado, se avaló el pedido de un particular para regularizar una obra en Urquiza 3810 y una construcción en Alsina 1041, mientras que quedó en estudio una transgresión en Colón 1884 y el proyecto (aún sin ejecución) del Iconcenter, el complejo de usos mixtos, que contará con un hotel de la cadena Hilton, y que se levantará en el microcentro.

El trasfondo

Quienes compraron unidades en el edificio de Libertad al 300 habían acudido en su momento al Concejo Municipal porque se encontraron con que no estaba el final de obra y por ende, no podían escriturar. La razón se encuentra en que el desarrollador hizo más pisos de los autorizados para incrementar su facturación, y luego desapareció, dejando a los compradores de buena fe con el problema a cuestas. Lo mismo ocurrió con un PH de Ituzaingo y Sarmiento, y con torres de Francia al 200 y de Alem al 1300. En estos dos últimos casos los dueños llevan seis y siete años respectivamente sin poder escriturar.

“El caso de Alem al 1300 fue emblemático porque el fiduciario fue el que proyectó y ejecutó la obra, cosa que no debía haber hecho, cometió contravenciones al Código Urbano y de Edificación, y cuando debió acudir al Concejo para pedir la excepción, desapareció por completo, por lo que los compradores de buena fe debieron hacerse cargo del reclamo”, describió el concejal de Juntos por el Cambio, Agapito Blanco. “Estos constructores nos ponen a nosotros delante de los vecinos para que resolvamos el problema que ellos generaron”, se quejó.

El final del camino termina siendo, en la mayoría de los casos, una resolución favorable a los consorcistas, que sin embargo, muchas veces terminan teniéndose que hacer cargo de las multas impuestas por las “avivadas” de los desarrolladores que se fugan o se niegan a afrontar este costo, que a ellos les reportó un ingreso extra. “En Francia al 200 se hicieron tres departamentos más que los habilitados porque el municipio te tiene ocho meses para darte el permiso controlando toda la parte previa, pero una vez que lo otorga y la obra comienza, nunca más fiscaliza a ver qué se está haciendo”, manifestó.

Por casos como este, hace dos años Blanco presentó un proyecto para que sea obligatoria la fiscalización del municipio en todas las grandes construcciones, sin embargo el mismo está frenado desde entonces por diferencias de criterio. El edil pide que se controle en dos momentos claves, como ser cuando se ejecuta el tercer piso (porque allí se pueden conocer los patios y anchos mínimos, así como las cajas de escaleras), y cuando se avanza con la última losa, para corroborar si se va a ejecutar un piso más o no.

Sin embargo, desde el Ejecutivo le responden que el control debería ser en los cimientos. “El problema es que en esa instancia no podés darte cuenta cuántos pisos van a hacer, ya que las bases no se replican necesariamente en todo el edificio, y hay compensaciones de vigas y columnas que te pueden variar a partir de planta baja”, retrucó en diálogo con Ecos365. Sin acuerdo con el municipio, la iniciativa duerme en la comisión de Planeamiento, y las avivadas de algunas constructoras persisten.