Dos noticias sacudieron al sector financiero de Rosario esta semana. Por un lado tres financistas fueron condenados por 30 estafas con autos de alta gama. Por el otro, una importante financiera de Puerto Norte fue intimada mediante una carta documento a cumplir con sus compromisos por una millonaria cifra.

En el primero de los casos tres financistas acusados de cometer estafas millonarias consintieron haber administrado de forma fraudulenta cuatro sociedades y a través de ellas embaucar a clientes a través de la compraventa de vehículos de alta gama, propiedad de las víctimas. 

La mecánica se daba a través de las Sociedades de Responsabilidad Limitada Grupo Praga, Integral Motors, Integral Automotores y Ortopedia Técnica. La misma consistía en que las víctimas, de alto poder adquisitivo e interesadas en adquirir vehículos de alta gama, les entregaban sus autos y sus ahorros con la promesa de obtener una rentabilidad y, luego, un cero kilómetro que nunca llegaba.

El segundo involucra a la Asociación Mutual Net, con base en Puerto Norte. La misma está acusada de dejar de pagar en tiempo y forma a sus ahorristas asociados e involucra a al menos 30 acreedores y un monto que oscilaría los 7 millones de dólares. Recientemente el Club Atlético Juventud Unida de Humboldt envió una carta documento intimando al pago de la suma de 37.641.616 pesos (más los intereses desde las fechas de los respectivos vencimientos y hasta el efectivo pago) y que abonen otros tres certificados por 16.142.970 pesos que se le vencían en la primera semana de octubre.

Según informó Rosario3 "también quedaron enganchados un empresario de insumos ópticos, un industrial del sector plástico y un industrial vinculado al rubro de los muebles y hasta ejecutivos del sector financiero". "Hay desde ahorristas que pusieron de mil a cinco mil dólares hasta inversores que colocaron varios millones de dólares y un lote de empresas con depósitos de entre 150 mil y 200 mil dólares".

Estos no son los únicos casos que sacudieron en los últimos tiempos al sector de los negocios de Rosario, ya sea por las personas involucradas o los montos que investiga la Justicia.

Grimaldi, el primero de los grandes de los agronegocios en caer en default

El empresario cerealista Sebastián Grimaldi está imputado por haber estafado por cifras millonarias al Banco Macro y a la empresa Cofco Internacional Argentina. Incluso los fiscales consiguieron documentos de la mutual de Empleados del Jockey que acreditan que el empresario se llevó la plata que su empresa había pedido a dicho banco y nunca pagó. Asimismo la madre del empresario también fue imputada en la causa como coautora de los delitos de estafa

Según se indica en la causa, en diciembre de 2018 el grupo cerealero que presidía Grimaldi pidió al Macro que le amplíe el giro en descubierto logrando que le habiliten un rojo de 9 millones de pesos. El empresario siempre aseguró que esos fondos los usó para pagar a sus proveedores, como los productores que le entregaron granos a su acopio, pero los fiscales acreditaron que cobró y llevó en efectivo el dinero que había conseguido su empresa.

Recientemente el juez civil y comercial, Marcelo Quiroga, dictaminó el desplazamiento del empresario de la conducción de su propia empresa, Sebastián Grimaldi SA. El cerealista fue declarado en quiebra y pesa sobre él el castigo de prisión preventiva por asociación ilícita, delitos de estafa y administración fraudulenta. Además, en septiembre de 2020, fue procesado por la Justicia Federal de Córdoba como “jefe y organizador” de una asociación ilícita y también se le dictó la prisión preventiva.

Vicentín volvió a ser noticia por los allanamientos a KPMG

 

Vicentín esta semana volvió a ser noticia una vez más. En esta ocasión por los allanamientos en las oficinas de la consultora internacional KPMG por el escándalo de los balances de la compañía de Reconquista.

Los fiscales que investigan al directorio de la agroexportadora por estafas tienen en la mira la participación de los auditores en las maniobras. Allanaron Puerto Norte y oficinas porteñas.

La agroexportadora Vicentín informó el 4 de diciembre de 2019 que no podía cumplir con sus obligaciones a raíz de un "estrés financiero". La firma cayó en default a pesar de haber sido la primera exportadora de granos en ese año. 

La deuda de la empresa alcanza los 1.350 millones de dólares, constituyendo para la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados "la cesación de pagos más grande de la historia de Santa Fe". La lista de acreedores llega a 2.368 damnificados, de los cuales 1202 son de la provincia y de ellos 311 de Rosario.

Poco tiempo antes de que la empresa anunciara su default el Banco Nación (a cargo de Javier González Fraga) le otorgó un préstamo de 300 millones de dólares. En 2019 la entidad pública otorgó 72 créditos, de los cuales 28 fueron solo en noviembre. En ese mes recibió 86,6 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones.

El caso Guardati & Torti 

Otro de los casos tiene como protagonista a la agrofinanciera Guardati & Torti, que cayó en default y afronta una deuda concursal de 400 millones de pesos. En paralelo tiene a su directorio imputado por estafa al haber manoteado los fondos de sus clientes bursátiles en su intento por frenar la corrida que atravesaba el negocio cerealista. 

Los cerealistas Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, titulares de la firma, quedaron en prisión preventiva en junio, imputados por los fiscales por colusión en dos hechos en concurso real en grado de coautores a raíz de la compra de votos para su favor en la convocatoria de acreedores del grupo empresario.

Supo ser top del mercado granario argentino hasta que defaulteó en febrero de 2020, con un pasivo comercial que orilla los 3.000 millones de pesos sumando todas sus empresas, que están en concurso de acreedores. La crisis se detonó por el impago de Vicentin de diciembre de 2019.

En mayo de 2022 y al filo de la quiebra, Guardati y Torti logró la adhesión del 75 por ciento del capital adeudado y más del 60 por ciento de la cantidad de acreedores. Además en la causa penal que enfrenta resarcirá económicamente a 78 ahorristas que invertían en Bolsa con ellos y habían denunciado a sus directores por estafa.

En agosto de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la resolución que le permitiría a la firma volver a operar en los mercados bursátiles, tras la apelación de la Comisión Nacional de Valores a un fallo de primera instancia en favor de la firma.

BLD cayó y busca volver

La agrofinanciera BLD llegó a ser una de las cinco más importantes a nivel nacional en el corretaje de granos y la principal agencia de Bolsa del interior del país, llegando a comercializar 3 millones de toneladas al año. Pero en 2019 cayó en default, logrando un impago de 100 millones de dólares a productores que le habían entregado granos. Fue el derrumbe más grande del campo hasta la crisis de Vicentín a finales de ese año.

A diferencia del resto de operadores que cayeron (como Sebastián Grimaldi, Cereales del Sur, Guardati Torti y hasta Vicentin), BLD no tuvo paso por tribunales penales logrando circunscribir su caída a una cuestión comercial y no a delitos. Mientras que el resto de las firmas que derraparon tienen a todos sus directorios imputados por estafa, administración fraudulenta y presentación de balance falsos, los directores de BLD tienen el prontuario limpio. Es más, a diferencia de Guardati Torti, la caída de su negocio de granos no afectó a quienes invertían en acciones, bonos (finanzas en general) por su intermedio, ya que, apenas defaulteó, todas esas cuentas fueron transferidas a la principal agencia de Bolsa del país sin faltarle un peso en los saldos líquidos a sus clientes financieros.

También, a diferencia del resto de los corredores caídos, evitó la convocatoria de acreedores y logró un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) con una contundente mayoría de aprobaciones y que quedó firme en febrero de 2021. Ese entendimiento (que ofreció una quita y un pago a plazo) también puso sobre la mesa otra alternativa de cobro que, al final, fue la preferida por lejos por los acreedores: capitalizar sus deudas con acciones de BLD. Y con el ingreso de los nuevos accionistas, la empresa se rebautizó como BLD+.

Herrera, del prestigio a un default que golpeó a empresarios y políticos

El financista Luis Herrera se presentó en convocatoria de acreedores en diciembre de 2021, con una millonaria deuda en dólares. El expediente solo alcanzaba a la mesa financiera que operaba a título personal y que entró en default en octubre pasado luego de casi un año de enfrentar un serio estrés financiero hasta la corrida final. Pero con la firma de los jueces Juan Pablo Cifré, Iván Kvasina y Ariel Ariza, la sala primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario rechazó en junio esa posibilidad. 

De esta forma se abrieron instancias para pedidos de quiebra, un proceso judicial de liquidación de activos y la aceleración de denuncias penales por estafas con pedidos de detención. Tras el rechazo judicial a su presentación deberá esperar un año para poder volver a probar suerte.

La gran mayoría de los acreedores le depositaba dólares blue para un fondo que invertía en mercados de futuros de Estados Unidos. Los fiscales ya tienen 60 denuncias penales en su contra por más de 10 millones de dólares. En pocos días se conocerá la fecha para la imputación y los fiscales sólo están a la espera de información requerida a la Comisión Nacional de Valores.

En el camino de damnificados hay empresarios de todos los tamaños y sectores, así como políticos de distintos colores.

Cereales del Sur, otro default en el mundo de los agronegocios  

La agrofinanciera "Cereales del Sur" cayó en 2019, dejando impagos granos que había recibido en condición a fijar. Rápidamente su cesación de pagos se extendió a su agencia de Bolsa (CGV) y a su financiera extra bursátil (Rosario E-Trader). Las operaciones fueron suspendidas por los mercados y comenzaron negociaciones particulares con sus clientes en busca de acuerdos privados de pago. 

Fue a convocatoria de acreedores por un rojo de 450 millones de pesos. Y de la mano de la reconversión hacia el negocio ganadero logró un flujo comercial que le permite afrontar sus pasivos; aunque con fuerte quita que perjudicó seriamente a sus acreedores. Pero el lado más complejo vino por sus negocios extra bursátiles, en las que tomaba dinero de clientes para trabajarlos a cambio de una renta. Allí se combinaron tanto operaciones en blanco como transacciones blue. 

En ese segmento su deuda se calculó en torno a los 150 millones de pesos (de 2019). Allí tejió acuerdos privados de pago -uno de sus abogados era Lucas Hadad- para devolución en cuotas. Pero ya antes de la pandemia entró en un segundo default ya que dejó de abonar esos compromisos, encendiendo más la bronca de sus ahorristas. Sobre todo porque los abogados dejaron hasta de contestar las llamadas de los inversores.

Entre los imputados aparecen el agente de Bolsa, Daniel Casanovas, y su esposa Samanta Bravo. Sobre él pesan los "delitos de Estafa en calidad de coautor; Estafa en concurso real con Enajenación y/o Retiro del depósito gravando como propios los bienes depositados con garantía Warrants". A ella se le imputan los delitos de “Estafa (2 hechos) en calidad de coautora; Desbaratamiento de Derechos Acordados en calidad de coautora”. Y al matrimonio se les imputa en calidad de coautores el delito de “administración fraudulenta".

Shanahan cayó una, otra y al final por presunto narcotráfico

El reconocido empresario Gustavo Shanahan, financista, desarrollador inmobiliario y ex titular del Puerto de Rosario, fue procesado por presunto narcotráfico junto a otras siete personas que se encuentran alcanzadas en una investigación federal denominada "Cuevas Blancas". Según el trabajo judicial la financiera era uno de los lugares donde la banda liderada por Julio Andrés Rodríguez Granthon compraba dólares para luego adquirir cargamentos de cocaína en Bolivia.

Los fiscales consideraron que la banda tenía personas encargadas de la compra de droga, fraccionamiento y estiramiento y posterior distribución. Pero además necesariamente debían conseguir cambiar la ganancia de los quioscos de droga a dólares. "Esto no significa que no deban ser considerados integrantes del grupo criminal, sino sostener que se trata en definitiva del reparto de tareas propio de un actuar coordinado", indica el escrito.

La Justicia federal sostuvo que la estructura funcionó al menos desde abril de 2021 hasta octubre de ese año, cuando se decidió hacer el "corte" con las detenciones de las personas investigadas. Varios de ellos salían de los quioscos de droga con mochilas o bolsos y se dirigían a una oficina de Ovidio Lagos al 400 o a la oficina de Shanahan de España al 800. 

Incluso uno de los bolsos filmados a la salida de un búnker fue encontrado en la oficina de España al 800 en los allanamientos realizados por la División Antidroga de la Policía Federal de Rosario. Se trata de un bolso camuflado que fue remarcado como parte de la prueba indiciaria. Una característica curiosa: contenía dinero en efectivo en billetes de baja denominación, que supone que era la recaudación de un búnker.

Además Shanahan es investigado por maniobras de lavado de activos a través de dos firmas: Increase S.A. e Inma SRL. En el caso de la firma Increase S.A. se encontraron que físicamente no existe en el domicilio fiscal declarado, en Córdoba 5750. De las averiguaciones realizadas, Shanahan tiene "numerosos bienes" y no registra deudas en los últimos 24 meses. Asimismo surge que está registrado como monotributista categoría H desde enero de 2019.

Otra financiera asociada al lavado del narcotráfico

Otra financiera rosarina, Cofyrco, quedó en el ojo de la tormenta luego de que el narcotraficante Marcelo "Coto" Medrano cambiara 17.600 dólares el mismo día que lo mataron. Su director ejecutivo, Fernando Vercesi, fue condenado por lavado de dinero en un juicio abreviado. Allí recibió la pena de tres años de prisión condicional más el pago de una multa de 35 mil dólares y 400 horas de trabajo comunitario. Guido Garay, otro directivo, además aceptó una suspensión de juicio a prueba, por lo que tendrá que depositar el mismo monto de dinero y realizar la misma tarea comunitaria.

Por su parte el fiscal Sebastián Narvaja pidió la pena de cinco años de prisión efectiva para el financista Patricio Carey, "dueño" de la firma. Además solicitó una multa por 80 mil dólares y el decomiso de bienes y dinero secuestrados en las oficinas por los efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales y el Organismo de Investigaciones en los allanamientos: 5 millones de pesos; unos 60 mil dólares adicionales; 35 mil euros; libras y decenas de miles de reales.

La financiera también apareció en el caso del boliche Ming, cuando encontraron unos 170 documentos de identidad denunciados como extraviados en el boliche, en el interior de la financiera.