La reciente propuesta legislativa que busca desregular el mercado inmobiliario en Argentina ha encendido un debate considerable, resonando con fuerza en el ámbito empresarial y profesional de la provincia de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por un diputado rosarino, propone eliminar la exigencia de una matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario, una medida que, según sus defensores, busca promover la libertad comercial y la competencia, pero que, a su vez, ha generado una fuerte oposición por parte de los colegios y cámaras que nuclean a los profesionales del sector. Esta controversia no es menor, ya que toca fibras sensibles en torno a la seguridad jurídica, la calidad del servicio y la protección de los consumidores en un mercado tan vital como el de los inmuebles.

La esencia del proyecto, denominado “Ley de libertad inmobiliaria”, reside en la idea de que cualquier individuo pueda intermediar en operaciones de compraventa o alquiler de propiedades, permitiendo que los honorarios se rijan exclusivamente por la oferta y la demanda. Además, se plantea la supresión de la obligatoriedad de inscripción en registros o cámaras profesionales, la eliminación de límites geográficos para la actividad y la abolición de aranceles fijos o mínimos en las comisiones. Esta visión, enmarcada en una corriente de pensamiento que aboga por una menor intervención estatal en la economía, busca dinamizar el sector y, teóricamente, reducir los costos asociados a las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, la desregulación total de un mercado con una complejidad inherente como el inmobiliario, donde se manejan activos de alto valor y se requiere un profundo conocimiento legal y técnico, plantea interrogantes cruciales sobre sus posibles consecuencias.

La experiencia nos muestra que la regulación, lejos de ser un mero capricho burocrático, a menudo responde a la necesidad de proteger a las partes involucradas y asegurar un estándar de profesionalismo. En el ámbito inmobiliario, donde las transacciones implican montos significativos y aspectos legales complejos, la figura del corredor matriculado actúa como un garante de la transparencia y la legalidad. Como bien señaló Adam Smith, el padre de la economía moderna, "no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su propio interés. Apelamos no a su humanidad sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades sino de sus ventajas". En este sentido, la regulación busca alinear ese interés propio con el bienestar general, estableciendo un marco de reglas que eviten abusos y distorsiones.

La preocupación más palpable entre los críticos de la propuesta radica en el potencial deterioro de la calidad del servicio. La intermediación inmobiliaria no se limita a poner en contacto a un comprador con un vendedor; implica una serie de conocimientos sobre valuación, aspectos legales, zonificación, impuestos y condiciones del mercado. Un corredor profesional, al contar con una formación específica y estar sujeto a un código de ética, ofrece una garantía de idoneidad. La ausencia de esta exigencia podría abrir la puerta a la proliferación de operadores informales con escaso o nulo conocimiento, lo que se traduciría en una mayor probabilidad de errores, omisiones o incluso prácticas desleales. La falta de un respaldo institucional o un órgano que regule la actividad dejaría a los consumidores en una posición de mayor vulnerabilidad.

Otro punto de fricción es el fomento de la competencia desleal. Si bien la libertad para operar en el mercado es un valor deseable, la ausencia de un marco regulatorio equitativo podría generar una asimetría entre aquellos que invierten en formación y cumplen con las normativas vigentes, y quienes operan sin ninguna de estas obligaciones. Esto podría derivar en una "guerra de precios" donde la calidad del servicio se sacrificaría en pos de comisiones más bajas, afectando la sustentabilidad del sector y la inversión en capacitación y mejora continua. La experiencia de otros mercados, tanto a nivel nacional como internacional, ha demostrado que la desregulación extrema, sin contrapesos, puede conducir a una atomización del mercado con operadores poco profesionales y una consecuente disminución de la confianza por parte del público.

La seguridad jurídica también se presenta como un pilar fundamental en este debate. La posibilidad de que los colegios profesionales pierdan la facultad de sancionar a quienes ejercen sin matrícula es un aspecto que genera particular inquietud. Esta potestad de los colegios no solo vela por el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que también protege a los ciudadanos de posibles fraudes o malas prácticas. Si no existe un ente que supervise y sancione, el riesgo de estafas o de transacciones viciadas de nulidad podría incrementarse considerablemente. En el contexto de un mercado, la vigilancia implica la existencia de mecanismos que aseguren la transparencia y la equidad para todas las partes.

La dinámica empresarial del sector, requiere de un mercado inmobiliario estable y confiable para expandir sus operaciones o establecer sus negocios. La incertidumbre generada por una desregulación tan drástica podría repercutir en la confianza de los inversores y en la fluidez de las transacciones, afectando el desarrollo económico de la región. 

Finalmente, la propuesta plantea un dilema entre la libertad individual y la protección colectiva. Si bien la iniciativa apunta a una mayor libertad para el ejercicio de la actividad, la experiencia de otros mercados, como el financiero o el de seguros, sugiere que una regulación adecuada es esencial para prevenir crisis y proteger a los consumidores. La clave reside en encontrar un equilibrio que promueva la competencia y la eficiencia, sin comprometer la confianza, la transparencia y la seguridad que son indispensables para el buen funcionamiento de cualquier mercado, y más aún de uno tan sensible como el inmobiliario.