Desde 2011 a la fecha, el municipio rosarino intentó tres veces aprobar un convenio alcanzado con el club MOP para ampliar la guardería náutica y levantar un complejo gastronómico y comercial en el terreno público que ocupa la entidad. Pese a que nunca obtuvo el ok del Concejo Municipal, las obras se realizaron igual.

No sólo eso, sino que incluso se enterraron cuatro enormes tanques de combustible de 15 mil litros cada uno, sin que se conociera alguna autorización al respecto, con el enorme peligro que eso supone.

Ahora se promociona la reapertura de un boliche en un predio que no está habilitado para tal fin, y que incluso, todavía no se sabe a ciencia cierta a quién pertenece, ya que se encuentra en una disputa judicial entre Nación y Municipalidad.

Sin control

El anuncio de que este fin de semana regresa de Taura, en un espacio de 1200 metros cuadrados con ingreso por calle Comunidad Foral de Navarra 80, es la última de una histórica seguidilla de irregularidades y acciones para nada claras que se llevan adelante desde hace años en la zona del extremo sur de La Fluvial. Más precisamente fue en 2016 cuando Servicios Náuticos SA, firma opera el MOP, comenzó con las obras que implicaban 7 mil metros cuadrados, y que había acordado realizar con el Ejecutivo, pero que nunca fueron aprobadas por el legislativo.

Sin cartel alguno que identificara los trabajos que se estaban realizando y quién los ejecutaba, como se exige a cualquier particular que construye o refacciona, se emprendió la ampliación de la guardería náutica para alcanzar las 1.200 camas que se habían propuesto. “El MOP tiene una cesión precaria del terreno hasta el 2030 para realizar actividades recreativas y culturales, pero jurídicamente no puede encarar emprendimientos de este tipo ni gastronómicos como los ejecutados”, había planteado la concejala Fernanda Gigliani.

Vendiendo lo ilegal

La edila de Iniciativa Popular había presentado una serie de pedidos de informes y certificados urbanísticos que nunca fueron respondidos. Es más, el club empezó a comercializar 100 de estos nuevos espacios en construcción, que no estaban habilitados y mucho menos contaban con final de obra. Ante las quejas, se exigió a la entidad a frenar la venta. Entonces se recordó que dos años antes, también se habían denunciado presuntas irregularidades por una serie de trabajos del MOP para modernizar y ampliar las instalaciones, pero el municipio se defendió diciendo que la Dirección Nacional de Vías Navegables fue la que dio el ok a las tareas, ya que era el organismo con autoridad sobre los muelles.

Después de nuevos intentos fallidos por regularizar la situación en el Concejo, en silencio se retomaron los trabajos carentes de habilitación, temporalmente suspendidos durante la etapa más dura de la pandemia, pero que volvieron con fuerza a mediados de 2021. Las imágenes del lugar captaron a unos 50 operarios trabajando en el interior del MOP, y hasta donde se supo, levantaron al menos dos naves para camas náuticas. La falta de precisión sobre lo hecho se debe a que nunca se informó oficialmente al respecto, pese a la obligación que tiene el club de hacerlo.

Además, llamó la atención que a los socios se les otorgue una factura que dice “Servicios Náuticos Vip SA”, y en la comisión de Planeamiento pidió que se de a conocer “cuál es la habilitación comercial para explotar esa guardería”. Nunca hubo respuestas al pedido así como tampoco cuando se buscó conocer sobre el certificado urbanístico de la obra; visación previa, si se hubiese producido; permiso de edificación, indicando su número y con el correspondiente plano, denuncias, actuaciones referidas a inspecciones y  paralización de obra, si las hubiere.

60 mil litros de combustible bajo tierra

Como si todo eso no fuera poco, en 2020 ocurrió un hecho para nada menor: se constató fotográficamente el ingreso al predio de camiones con cuatro tanques subterráneos para almacenar combustibles, con una capacidad de 15.000 litros cada uno. Todo esto se habría realizado sin la autorización municipal ni de la Secretaría de Energía de la Nación correspondiente, lo que de ser así, implicaría una instalación clandestina sumamente peligrosa para todos los que circulen o naveguen por la zona, siendo pasible el club de sufrir una sanción del valor correspondiente a hasta 48 mil litros de nafta súper. Fue el 5 de marzo de 2020 cuando se presentó el pedido de inspección del municipio para constatar estas presuntas falencias y todavía no hubo respuestas.

Un predio todavía en disputa

No quedan dudas que los terrenos son públicos, que el MOP tiene un permiso precario que le impide hacer lo que quiere, y que además debe informar sobre las obras que encara, algo que nunca cumplió hasta ahora. Pero resta una cuestión de fondo a resolver: quién es el verdadero dueño de la tierra.

Haciendo un poco de historia, en 1992, una ley nacional determinó el traspaso de ese sector de la ciudad, frente al río Paraná, al municipio. Sin embargo, una disposición previa de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables había determinado que el área comprendida por el MOP esté bajo concesión por 25 años, con extensión automática por otros 25 años, hasta 2030. Cuando Rosario quiso hacerse del predio, se encontró con el freno del por entonces ministro Julio De Vido, que ratificó su uso por parte del MOP en tres oportunidades.

Hoy el municipio sigue en litigio en el fuero federal disputando la titularidad de las tierras, ya que entiende que fueron donadas por Nación dentro del paquete acordado para la ampliación del Parque Nacional a la Bandera. Pero Nación desconoce esta postura.