El gobierno argentino activó un operativo de emergencia para secar la plaza de pesos justo en la antesala electoral. Tras la licitación del miércoles pasado, que dejó $5,8 billones sin renovar y un sobrante calculado en $3,8 billones, el ministro de Economía, Luis Caputo, no dudó: ordenó una nueva subasta fuera de cronograma para absorber la liquidez excedente. El mensaje fue contundente: “No vamos a dejar que vaya un solo peso al mercado”, dijo en el streaming oficialista Carajo, dejando claro que la prioridad es evitar un desborde cambiario antes de octubre.

Encajes y penalidades: los bancos acorralados

Para garantizar la demanda, el Banco Central ajustó encajes y multiplicó penalidades. La normativa obliga a las entidades a integrar de manera diaria, no mensual, y habilita la cobertura con títulos públicos. En caso de incumplimiento, la sanción se duplica: cargos equivalentes a tres veces la tasa para grandes depósitos (TAMAR). La jugada, según analistas, implica un efecto contractivo de $2,9 billones y una demanda forzada cercana a $2 billones para los bonos ad hoc. 

Los bancos, que en la reunión privada con funcionarios expresaron preocupación por el alcance de estas sanciones, quedaron en una encrucijada: o entran en la licitación, o integran con efectivo, lo cual resulta aún más costoso.

Inflación controlada, pero ¿a qué precio?

El oficialismo exhibe un logro: entre enero y julio la inflación acumuló 17,4%, muy lejos del 87% del año pasado. Sin embargo, el costo empieza a sentirse en la actividad. Econviews fue tajante: “Desinflación, pero a qué costo”. La industria muestra caídas intermensuales, la construcción apenas rebota y el consumo privado luce estancado. LCG y PxQ coinciden en que la política de tasas reales altísimas –más del 65% nominal anual en cauciones y adelantos arriba del 75%– enfría al sector privado y amenaza con cortar el ya débil hilo del crecimiento.

Los privados en el centro de la escena

Consultoras advierten que el esquema económico de Milei se diferencia del pasado: no habrá estímulo estatal y el desafío es que las empresas se adapten al escenario de tasas positivas. “Desde los ‘90 nos acostumbramos a tasas negativas y gasto público como motor. Hoy el Gobierno apuesta a que el sector privado juegue solo”, resumió un informe. La pregunta es si la industria y el comercio tienen espalda para sostenerse sin demanda interna ni crédito barato.

El costo fiscal escondido

El ajuste monetario tampoco es gratis para las cuentas públicas. El mayor nivel de tasas ya generó un costo fiscal equivalente al 0,3% del PBI en capitalización de deuda, más que la baja de retenciones, estimaron. Con vencimientos que equivalen al 12,3% del PBI hasta enero de 2026, la espada de Damocles es clara: o se logra renovar a costa de tasas altas o el mercado exigirá más riesgo. Desde el IERAL advierten que, de persistir este camino, se resentirá la capacidad de repago y se incrementará la deuda doméstica.

El dilema final: inflación o recesión

El propio Caputo defendió el plan: “Cuidamos los precios y la inflación”, dijo, pero reconoció que la tasa es “endógena” y que el Congreso complica el equilibrio fiscal con leyes que fuerzan más gasto. El dilema es evidente: mientras el Gobierno presume de haber quebrado la inercia inflacionaria, los analistas privados coinciden en que la economía ya está pagando la factura en forma de parate económico. Una paradoja que, en medio de la campaña electoral, puede volverse políticamente compleja.