Mientras el Congreso nacional debate la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en Santa Fe se libra una batalla paralela con impacto directo sobre empresas, trabajadores y el sistema judicial: la reforma a la denominada “industria del juicio”, especialmente en lo que respecta al esquema de ART expone las diferencias dentro de Unidos entre el PRO y el socialismo.

La Legislatura provincial podría aprobar este jueves 26 cambios que buscan reducir la litigiosidad laboral y establecer límites a los costos periciales en los juicios vinculados a accidentes de trabajo. Desde el año pasado crece con sordina las diferencias. El lobby de los colegios profesionales son los que más se oponen a perder ingresos en el intento por poner un alícuota por juicio y no por el monto total surgido del fallo. Eso también impacta en sus cajas. 

El debate reproduce, en versión santafesina, la grieta que se vio en el Congreso. Sectores del PRO y radicales empujan una reforma con topes a honorarios de peritos y mecanismos que desalienten demandas que consideran abusivas. Del otro lado, el socialismo y los colegios profesionales rechazan cualquier recorte que implique una merma en los ingresos de los peritos y advierten sobre una posible afectación de derechos. Los gremios también tienen sus reparos a los cambios. Las entidades empresarias apoyan los cambios envalentonados por la reforma laboral a nivel nacional.

La discusión no es abstracta. Esta semana finalmente se decretó la quiebra de Galeno ART, que dejó 600 despidos, expuso la fragilidad del sistema. Desde ambos bandos admiten que el negocio de la litigiosidad no es masivo sino concentrado en pocos actores, pero discrepan sobre cómo corregirlo sin desfinanciar al esquema.

La discusión sobre la “industria del juicio” también dejó al descubierto tensiones dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El oficialismo provincial intenta mostrar cohesión, pero conviven miradas distintas entre sectores más cercanos a posiciones pro-mercado y otros alineados con tradiciones más garantistas.

La necesidad de ordenar el sistema judicial y enviar una señal a los empresarios choca con resistencias internas que temen un costo político ante profesionales y sindicatos. La reforma de ART y la aprobación de los pliegos de tres jueces de la Corte Suprema provincial forman parte de un mismo proceso de reconfiguración institucional que atraviesa a la coalición.

Industria en alerta: Fate, consumo y tasas altas

El telón de fondo es la crisis productiva. El cierre de Fate marcó un punto de inflexión: dejó de ser una discusión teórica sobre competitividad para transformarse en una imagen concreta de pérdida de empleo.

En Santa Fe el impacto es directo: más de 2.300 empresas cerradas y más de 10.000 empleos perdidos desde fines de 2023, con fuerte incidencia en industria, según distintas fuentes relevadas. Sectores como línea blanca, maquinaria agrícola y automotriz registran caídas profundas.

El problema, coinciden industriales, no es sólo laboral. Es consumo deprimido y tasas de interés altas, utilizadas como ancla antiinflacionaria. “El empleo es consecuencia”, repiten en el sector.

Incluso empresas que habían capitalizado el clima político oficialista terminaron golpeadas por la caída de ventas, como el Grupo Marengo, creador de los caramelos “No hay plata”, que debió rematar su fábrica.

Desde mediados de 2025 los industriales vienen advirtiendo sobre esta situación, pero ahora creen que los próximos seis serán claves. El tema es que el gobierno parece apuntar a sostener el actual esquema macro hasta la llegada de los dólares de la cosecha gruesa.

Todas las semanas no menos de tres empresas piden tasar sus bienes para tratar de venderlos. Pero hoy no encuentran compradores para equipos, incluso de última tecnología. En el sector gastronómico también se sostiene la dinámica de “en venta” de muchos negocios. Circula que en breve varias franquicias tienen previsto bajar sus persianas en shoppings. Uno de ellos lo graficó: “Pasame cualquier día de la semana por el comedor y vas a ver casi todo el salón vacío". 

La diferencia es que hasta dos años atrás había jugadores e inversores interesados ver alguna “barata”, pero hoy la mayoría trata de sostener su propios negocios.

Inversiones selectivas y RIGI

El Gobierno nacional amplió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para petróleo, gas y tecnología. Proyectos de Toyota, Volkswagen y Renault podrían apuntalar la producción de pick-ups e híbridos con perfil exportador.

La apuesta es especializarse y competir en nichos globales. Pero el reclamo empresario insiste: sin reforma tributaria profunda y con cargas provinciales y municipales elevadas, la competitividad estructural sigue pendiente.

En paralelo, Carrefour congeló su proceso de venta en Argentina mientras redefine su estrategia, en un mercado donde las valuaciones no alcanzan las expectativas. La compañía dijo que buscará avanzar en el esquema de locales de cercanía en todo el país. ¿Se reflota el viejo proyecto en Rosario y Santa Fe, frenado por la ley de grandes superficies? El supermercadismo local viene registrando cambios de manos y mayor concentración en un escenario de caída de las ventas del 20%. 

Laboratorios y presión internacional

Otro frente abierto es el farmacéutico. La cámara Cilfa defendió ante autoridades de Estados Unidos el sistema argentino de patentes y pidió salir de la “Priority Watch List” del informe Special 301. 

El argumento: Argentina no discrimina a innovadores y evita abusos como el “evergreening”, mientras las farmacéuticas estadounidenses mantienen superávit comercial en el país. Los laboratorios locales, pero sobre todos los proveedores de insumos en la región están en alerta, pero insisten en que esperan la letra chica del acuerdo para definir una postura. 

Santa Fe apuesta a la producción

En este contexto, el gobierno provincial anunció la venta de ocho lotes industriales en el Parque Industrial de Sauce Viejo —más de 51.600 metros cuadrados— para destinarlos exclusivamente a proyectos productivos y financiar el plan de gasoductos.

La condición es clara: no habrá especulación inmobiliaria. Las empresas deberán iniciar obras en seis meses y producir en un máximo de dos años. 

En paralelo, la provincia trabaja en un paquete de medidas para sostener la producción. La clave está en el financiamiento.

Una fase decisiva

La economía argentina atraviesa su momento más delicado. Tras ordenar la macro, el desafío es sostener la producción real bajo reglas nuevas: apertura comercial, competencia externa y menor intervención estatal. El tema a su vez es que los márgenes se achicaron y quienes analizan inversiones imaginan que deberían ser a largo plazo y por ahora no hay muchos jugadores dispuestos a hacerlo pese al respaldar el camino tomado por Milei.