La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de patear el tablero del comercio global con un fallo que promete alterar los costos de producción y las estrategias de abastecimiento en todo el planeta. Al declarar que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el máximo tribunal le puso un freno de mano a la política proteccionista de la Casa Blanca, obligando a una reconfiguración inmediata de los flujos de capital y mercaderías. Para cualquier empresario que sigue de cerca el pulso de los mercados, este movimiento no es simplemente un tecnicismo legal a miles de kilómetros, sino un cambio sistémico que redefine quién tiene el poder de encarecer o abaratar la entrada a la economía más grande del mundo.

El eje de la cuestión reside en que la potestad de fijar impuestos y gravámenes es, por naturaleza constitucional, una facultad exclusiva del Congreso. La justicia norteamericana entendió que "regular importaciones" no es un cheque en blanco para que un presidente aplique tarifas a discreción bajo el argumento de una emergencia. Esta interpretación restrictiva genera un escenario inédito: la posibilidad de que el gobierno estadounidense deba devolver unos 170.000 millones de dólares a las empresas importadoras que pagaron estos recargos en los últimos años. Es como si un proveedor te cobrara de más durante meses y, de repente, una auditoría lo obligara a reintegrarte cada peso con intereses; el impacto en la liquidez de las compañías involucradas es fenomenal.

En términos prácticos, se espera que la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos se desplome casi a la mitad, pasando de un 13,6% a un 6,5% de forma casi instantánea. Sin embargo, no hay que confundir este alivio con una calma duradera. La historia nos enseña que cuando una puerta se cierra, la política suele saltar por la ventana. Como bien señaló Paul Lejuez, analista de Citi, “la mayoría de los equipos directivos han subrayado que sólo quieren más certeza y estabilidad en las tarifas”, algo que todavía parece lejano dado que existen otras herramientas legales, como la Sección 338 de la Tariff Act, que permitirían reinstaurar gravámenes de hasta el 50% de manera discrecional. La incertidumbre, ese enemigo silencioso de la inversión de largo plazo, sigue sentada a la mesa.

Para las grandes marcas, el fallo es un tanque de oxígeno. Gigantes como Nike, Caterpillar y Ford han visto sus márgenes de rentabilidad asfixiados por el encarecimiento de componentes y productos finales. Cuando los costos de entrada suben, el empresario tiene dos caminos: o traslada el aumento al precio final, perdiendo competitividad, o absorbe el golpe reduciendo sus ganancias. En nuestro entorno productivo, esta lógica funciona igual. Si un insumo clave para la maquinaria agrícola o para el procesamiento de alimentos sube por una decisión política arbitraria, toda la cadena de valor se resiente. Por el contrario, un fallo que obliga a la estabilidad regulatoria permite proyectar inversiones con un horizonte más claro.

El impacto regional es particularmente agudo en países como Brasil y México, socios comerciales clave que venían sufriendo una presión arancelaria asfixiante. En el caso brasileño, las tasas habían escalado de niveles mínimos hasta superar el 22% en sectores estratégicos. Este retroceso forzado por la Corte Suprema le devuelve aire a los exportadores de acero, aluminio y productos agroindustriales, quienes ahora compiten en condiciones menos desfavorables. No obstante, operadores advirtierten que un fallo de este calibre probablemente implicará un proceso más burocrático y nuevas limitaciones a los aranceles más creativos, lo que sugiere que la batalla comercial entrará ahora en una fase de "guerrilla administrativa" mucho más compleja de navegar para los departamentos legales de las empresas.

A fin de cuentas, lo que este fallo pone de manifiesto es que la seguridad jurídica sigue siendo el activo más valioso para cualquier proyecto de negocios. El proteccionismo extremo, aunque seductor para ciertos sectores en el corto plazo, suele generar distorsiones que terminan pagando los consumidores y las empresas más dinámicas. En un mundo donde las cadenas de suministro están tan integradas que una pieza recorre tres países antes de ser ensamblada, cualquier obstáculo arancelario actúa como un peaje que frena el crecimiento. La lección para el mundo de los negocios es clara: la agilidad para adaptarse a los cambios regulatorios es tan importante como la calidad del producto que se ofrece.

Herramientas y estrategias de gestión para el empresario regional

Ante un escenario de volatilidad en las reglas del comercio internacional y posibles cambios en los costos de insumos importados o precios de exportación, las Pymes locales pueden considerar las siguientes líneas de acción:

• Auditoría de costos de importación: Es el momento ideal para revisar los contratos con proveedores externos y evaluar si la reducción de la presión arancelaria en mercados de referencia permite negociar mejores precios de compra o condiciones de entrega.

• Diversificación estratégica de mercados: El fallo demuestra que depender de un solo marco regulatorio es riesgoso. Buscar alternativas de exportación o de abastecimiento dentro de bloques comerciales con mayor estabilidad jurídica permite mitigar el impacto de decisiones políticas imprevistas.

• Monitoreo de la cadena de valor: Las empresas que proveen a grandes exportadores deben estar atentas a la recuperación de márgenes de sus clientes. Una mejora en la competitividad de las terminales automotrices o de maquinaria puede abrir ventanas para actualizar contratos de provisión de servicios o componentes.

• Cobertura financiera y gestión de liquidez: Dado que el escenario de reembolsos masivos en EE.UU. podría generar movimientos en el tipo de cambio y en las tasas de interés globales, mantener una estructura de financiamiento flexible y herramientas de cobertura cambiaria es vital para proteger el capital de trabajo.

• Inversión en inteligencia comercial: Entender que el proteccionismo no desaparece, sino que cambia de forma, obliga a las empresas pequeñas y medianas a profesionalizar su seguimiento de las normas de origen y barreras para-arancelarias para evitar bloqueos inesperados en aduana.