El Gobierno nacional reglamentó los cambios en el Impuesto a las Ganancias vinculados al mercado inmobiliario, una medida que exime del tributo a determinados ingresos provenientes de alquileres de viviendas y a ciertas operaciones de venta de inmuebles. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 406/2026 y tendrá vigencia para las rentas generadas desde el 1° de enero de este año.

La nueva reglamentación busca dar precisión a los beneficios incorporados por la reforma laboral, aunque especialistas en materia tributaria sostienen que algunos aspectos podrían generar interpretaciones diversas y requerir futuras aclaraciones.

Uno de los puntos centrales es la exención para los ingresos obtenidos por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda permanente. Según la norma, el beneficio se aplica cuando la propiedad constituye la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino.

La reglamentación también establece que el beneficio alcanza a los conceptos accesorios incluidos en el contrato, como determinados muebles o servicios suministrados junto con la vivienda. Además, la exención se mantiene incluso cuando el propietario posee más de un inmueble alquilado, siempre que cada unidad cumpla con los requisitos previstos por la ley.

Otro cambio relevante es la exención de Ganancias para determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles realizadas por personas humanas y sucesiones indivisas. La medida apunta a reducir la carga tributaria sobre transacciones inmobiliarias y podría generar un impacto positivo sobre la actividad del sector.

Sin embargo, tributaristas advierten que la reglamentación incorpora definiciones que podrían dar lugar a dudas operativas. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con la acreditación efectiva del destino habitacional de los inmuebles, el tratamiento de situaciones particulares y la documentación que deberán conservar los contribuyentes para respaldar la aplicación de la exención.

El Gobierno sostiene que la norma busca otorgar seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los beneficios aprobados por el Congreso. Desde el sector inmobiliario, en tanto, esperan que las aclaraciones reglamentarias contribuyan a mejorar la rentabilidad de los propietarios y a incentivar nuevas operaciones de alquiler y compraventa.

La implementación práctica de las nuevas disposiciones será observada de cerca por contribuyentes, asesores tributarios y actores del mercado inmobiliario, que aguardan precisiones adicionales sobre algunos aspectos técnicos que todavía generan debate.