¿Hasta qué punto se puede exprimir a la gallina de los huevos de oro antes de que deje de poner? Argentina revalida un título que nadie quiere festejar. Liderar el ranking mundial de presión tributaria sobre la producción ya parece una política de Estado.

Detrás de los escritorios de la Unión Industrial Argentina, los números recientes confirmarían la peor de las sospechas. Lejos de aligerar la carga, el peso impositivo sigue siendo un grillete de plomo para la competitividad local, encareciendo brutalmente cada eslabón productivo.

Cabría preguntarse si quienes diseñan las políticas fiscales sentirían el mismo apetito recaudador si tuvieran que arriesgar su propio patrimonio. El sistema actual castiga con saña a quienes intentan generar riqueza real, asfixiando cualquier chispa de ambición empresarial genuina.

Mientras las firmas asumen riesgos diarios para mantenerse a flote, diferentes estamentos estatales observarían el proceso como socios silenciosos. Socios que jamás aportan capital ni trabajo, pero que siempre son los primeros en la fila a la hora de cobrar.

El efecto cascada que paraliza los negocios

El gran protagonista de este desastre estructural es, sin dudas, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Un tributo jurásico que Argentina mantiene con un orgullo incomprensible. Ningún otro país castiga con tanta ferocidad el desarrollo natural de toda la cadena de valor.

Pensemos en un bien que cambia de manos varias veces antes de llegar a la góndola. Este gravamen golpea en cada etapa como un peaje abusivo, multiplicando artificialmente el precio final que todos terminan pagando. Una verdadera máquina de destruir competitividad.

Además, las administraciones provinciales operarían casi como prestamistas compulsivos. Imponen regímenes de retención y percepción que secuestran el capital de trabajo de las empresas, generando enormes saldos a favor que inmovilizan los escasos recursos financieros disponibles.

Devolver ese dinero retenido suele ser un proceso tedioso que se demora intencionalmente. Para cuando los fondos finalmente regresan a las cuentas corporativas, la inflación ya hizo su trabajo sucio, licuando el poder adquisitivo de ese capital que pertenecía al privado.

Si el productor lograra sortear el laberinto provincial, inmediatamente caería en la trampa de los municipios. ¿No resultaría escandaloso cobrar dos veces por exactamente lo mismo? Las intendencias de todo el país parecen creer firmemente que no.

Cientos de comunas exigen tasas que se calculan sobre la misma base imponible que Ingresos Brutos. Una doble imposición de manual. Este cobro usurario rara vez tiene un correlato directo con la prestación de servicios reales. Es pura voracidad fiscal.

Y como si fuera poco respirar bajo el agua, entra en escena el Impuesto de Sellos. Un tributo anacrónico que penaliza la sola intención de formalizar un acuerdo comercial, desalentando activamente cualquier intento de dotar de transparencia a los negocios.

Nuestro país vuelve a coronarse campeón imbatible por el amplísimo universo de contratos alcanzados por este gravamen. Semejante escenario encarece dramáticamente las operaciones financieras y empujaría a muchos actores hacia los márgenes oscuros de la informalidad.

¿Un plan de escape o una utopía fiscal?

Nadie en su sano juicio invierte a largo plazo donde el castigo por tener éxito equivale a una confiscación sistemática. Frente a este callejón sin salida, la hoja de ruta delineada por la cúpula industrial plantea una reforma tributaria drástica y urgente.

La propuesta para recuperar competitividad suena a sentido común básico en cualquier economía desarrollada. Plantean establecer una alícuota única y civilizada del 25% para el Impuesto a las Ganancias. Una cifra que permitiría proyectar balances corporativos medianamente sostenibles.

El plan exigiría también desterrar gradualmente a Ingresos Brutos de la órbita fabril. A esto se sumaría la devolución verdaderamente automática de los créditos fiscales de IVA. Medidas elementales para que la tesorería diaria no termine siendo rehén estatal.

¿Qué pasaría si el polémico impuesto al cheque pudiera computarse íntegramente a cuenta de otros pagos? Aliviar esa carga absurda liberaría una cantidad formidable de recursos, permitiendo que las firmas reinviertan en tecnología y modernización de sus plantas productivas.

Si además se lograran eliminar los derechos de exportación para alimentos elaborados y manufacturas industriales, el salto sería histórico. Los niveles de contratación formal y apertura de nuevos mercados internacionales podrían dispararse de manera exponencial en el corto plazo.

Las proyecciones sectoriales indicarían que, con un compromiso inquebrantable de estabilidad jurídica y fiscal, el ecosistema de negocios mutaría por completo. El altísimo costo argentino dejaría de ser una barrera infranqueable para salir a competir en el escenario global.

Sin embargo, desarmar esta telaraña de privilegios y rentas burocráticas requeriría una voluntad política monumental. El debate profundo no pasa solamente por ajustar porcentajes técnicos o discutir alícuotas en despachos cerrados. Hay intereses estructurales celosamente arraigados en todo el territorio.

Lo que verdaderamente se pone en juego cada día es la viabilidad de producir desde Argentina. Mientras las arcas públicas dependan vitalmente de este esquema exprimidor, cualquier intento de normalización se topará con una resistencia feroz de quienes administran el poder.

Quienes arriesgan su patrimonio conocen perfectamente que la matriz actual colapsó. Exigir condiciones previsibles y costos racionales no constituye un simple reclamo corporativo, sino el único camino posible para evitar que la rueda productiva termine de frenarse por completo.