El próximo domingo, cuando se enciendan las luces del Congreso para la apertura de sesiones ordinarias, el entramado empresarial estará atento a un anuncio que promete cambiar las reglas de juego. Se respira en el ambiente la inminencia de una ambiciosa reforma tributaria que buscará desarmar una estructura impositiva que durante décadas ha funcionado como un ancla para quienes invierten y producen. La expectativa no es menor: estamos ante la posibilidad real de dejar atrás el paradigma de la asfixia fiscal, apalancados en un superávit que ahora le permite al Gobierno plantear una simplificación del sistema tributario inédita en nuestra historia reciente.

Para entender la magnitud de lo que se avecina, basta con recordar el día a día de cualquier negocio que intenta sostenerse a flote. Administrar una empresa en nuestro país ha sido, durante años, como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. En este sentido, la propuesta que ya descansa en los despachos oficiales apunta directamente a eliminar distorsiones históricas, teniendo como metas principales la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios —el famoso y temido impuesto al cheque— y la baja gradual hasta la desaparición de los derechos de exportación. Como bien advertía el economista Arthur Laffer: "Los impuestos dictan a las personas cómo comportarse; si gravas el trabajo, obtendrás menos trabajo". Al remover penalizaciones directas sobre las transacciones diarias y las ventas al exterior, se libera una energía comercial que estaba contenida.

A esto se suma un rediseño profundo en tributos clave. El plan contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas al 25%, emulando los beneficios que hoy tienen los grandes proyectos de inversión, pero llevados a la economía real. Asimismo, se proyecta una transformación radical del Impuesto al Valor Agregado (IVA), buscando unificar el caótico esquema actual de múltiples porcentajes en una única alícuota que podría rondar el 18% o 19%. Para ilustrar el impacto de esto, podemos mirar el caso de Estonia, que al implementar un sistema tributario plano, unificado y digitalizado, no solo erradicó la evasión, sino que se convirtió en un imán para la reinversión de utilidades de sus pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, en la economía no existen almuerzos gratis. Mientras algunos gravámenes desaparecen, el impuesto a los combustibles continuará con un sendero de actualización mensual. El objetivo oficial es recuperar su peso histórico del 0,8% del PBI, tras años de congelamiento. Esto encarecerá inevitablemente los costos logísticos en el corto plazo, una variable crítica para nuestra región agroindustrial y comercial. Paralelamente, el terreno político se prepara para un nuevo pacto fiscal que buscará ponerle un freno a la voracidad de las provincias y municipios, apuntando a que tributos en cascada como Ingresos Brutos y la Tasa de Seguridad e Higiene comiencen un camino de reducción paulatina.

Frente a este nuevo escenario normativo, el tejido productivo regional se encuentra ante una ventana de oportunidad que exige recalibrar las estrategias de gestión interna. En primer lugar, la eventual reducción del costo por transacciones bancarias abre la puerta para formalizar y bancarizar por completo las cadenas de pago, permitiendo a los comerciantes acceder a mejores líneas de crédito para capital de trabajo sin el castigo del impuesto al cheque en cada movimiento. Por otro lado, la unificación del IVA requerirá una revisión urgente de la estructura de precios y costos; aquellos negocios que hoy comercializan productos gravados al 21% podrían experimentar un margen de mejora en su competitividad si la alícuota baja, mientras que los que operan con el 10,5% deberán planificar una estrategia de absorción parcial del impacto para no golpear el bolsillo del consumidor. Finalmente, ante el inminente reacomodamiento de los costos logísticos por el ajuste en los combustibles, resulta vital que los emprendedores locales inviertan hoy en la optimización de sus rutas de distribución y en la consolidación de compras conjuntas con colegas del mismo sector, una práctica de asociatividad que permite negociar volumen y amortiguar el impacto del flete en el precio final en mostrador.