La sequía pega duro: en el campo se reducen los rindes y aumenta la carga tributaria

El Índice FADA registró un aumento respecto a la medición de octubre y el clima juega su partido. ¿Qué pasa con el IVA cuando los rindes bajan?

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El Índice FADA arrojó un aumento de 5 puntos con respecto a la medición anterior de octubre de 2022. Uno de los motivos es la profunda sequía que atraviesa el país, lo cual hace que los rindes disminuyan. “Uno esperaría que si la producción baja, sea por sequía o el motivo que sea, la presión de los impuestos también baje. Sin embargo, por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. Esto es debido a que, el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, explica David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Que baje la producción por la sequía también hace que se alteren los saldos de IVA de los productores, indican desde FADA. “El saldo técnico es el resultado de la resta del IVA pagado en compras y el IVA percibido por sus ventas. Para los productores, comercios e industrias, el IVA debería tener un efecto neutro, ya que es un impuesto destinado a que lo pague el consumidor final. Sin embargo, si se acumulan saldos técnicos por una situación excepcional como una sequía que hace caer las ventas, el productor no puede usar ese saldo para pagar otros impuestos ni lo puede recuperar fácilmente, por lo que directamente se convierte en mayor carga fiscal”, aclara Miazzo.

Los productores agrícolas no sólo se ven afectados por una mayor carga tributaria, sino que una reducción sustancial de la producción genera pérdidas económicas y dificultades para pagar deudas y compromisos. En este tipo de situaciones, si bien todos los productores se ven afectados, los más chicos tienen menor capacidad para absorber el impacto y corren el riesgo de salir de la actividad.

“Una sequía de esta magnitud no sólo es una mala noticia para los producotres, sino para toda la Argentina”, advierten desde FADA. Por un lado, ingresarán entre 10.000 y 15.000 millones de dólares menos por exportaciones, generando mayores presiones cambiarias que las existentes, ampliando la brecha y generando mayores expectativas de devaluación. Por otro lado, la sequía le puede restar unos 3 puntos al PBI, ya que se reduce la actividad económica, porque hay menos producción, transporte, industrialización y exportación. Estos efectos se sentirán en mayor medida en los pueblos y ciudades del interior productivo, donde la producción agropecuaria representa la actividad económica.

Índices provinciales

Mientras el índice FADA nacional es de 67,2%, Córdoba registra un 68,3%, Buenos Aires 64,8%, Santa Fe 63,1%, La Pampa 69,1%, Entre Ríos 69,2% y San Luis 68%.

En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

El 67,2% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 70,5% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 23,8% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 23,8% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Los impuestos provinciales representan el 5% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,8% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Con un esquema tributario en el que la mayoría de los impuestos son nacionales no coparticipables pone en jaque el federalismo fiscal y causa que mucho de lo que se produce en las regiones no vuelva”, advierte Miazzo.

“El anti federalismo de la estructura tributaria resalta aún más en momentos adversos como el que se vive con la actual sequía, ya que un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias pierde peso, mientras que los derechos de exportación ganan participación”, agrega Miazzo, economista de FADA.

Tipo de cambio atrasado

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este periodo cayó un 13%. Medido a precios de enero de 2023, el tipo de cambio de diciembre de 2021 era el equivalente actual de $206,93, el de diciembre de 2020 era el equivalente actual de $248,65.

“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora. Sin embargo, desde septiembre de 2022 el ritmo de suba del tipo de cambio oficial aumentó a los mismos niveles de la inflación, incluso en octubre y noviembre estuvo por encima. Esto muestra un quiebre en la política de atraso cambiario que se había iniciado en marzo de 2021”, declara Pisani Claro.

El atraso cambiario se traduce en que costos como las labores y los fletes, signifiquen una cantidad cada vez mayor de dólares. Aunque en la situación actual se potencia con otro factor, el efecto del cepo importador, que encarece el precio interno de los productos importados. El cepo tiene impacto directo sobre insumos claves para labores y fletes como neumáticos, repuestos y el precio de los camiones y maquinarias. “Es de esperar que en 2023 el cepo importador se profundice, ante el menor ingreso de divisas a causa de la sequía”, analiza Miazzo.

¿Qué pasa con los costos?

En cuanto a los costos de insumos, medido en dólares, se han comenzado a ver algunos descensos luego de las importantes subas de 2021 y 2022. “En la UREA se ve una baja interanual del 26%, aunque aún un 70% por encima del precio promedio de 2019-2020. El PDA tuvo un leve descenso interanual, aunque también cuesta un 70% más que en el periodo 2019-2020. El caso del glifosato, que también había sido uno de los que más aumentó, muestra una caída interanual cercana al 30%, pero aún vale algo más del doble respecto al periodo 2019-2020”, expone Pisani Claro.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 46% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si se considera el costo de la tierra llega al 58%. En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 50% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 50%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 58%.

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