VISEC, bajo la lupa: "la resistencia está fundada, pero el mundo compra trazabilidad"

La trazabilidad de los productos agropecuarios dejó de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en un tema estratégico para el futuro de los agronegocios argentinos. En un mercado internacional que exige cada vez más información sobre el origen de los alimentos, demostrar cómo y dónde se produce comienza a tener un peso determinante a la hora de comercializar.

En ese contexto, la implementación de la plataforma VISEC abrió un nuevo escenario para la cadena agroindustrial. La herramienta busca reunir información que permita acreditar que la producción de soja y carne proviene de establecimientos de origen legal y sustentable, en línea con las exigencias de los mercados internacionales.

Pero el proceso no está exento de resistencias. La necesidad de aportar información sensible, georreferenciar los lotes, cumplir con nuevos procedimientos administrativos y asumir costos adicionales genera interrogantes entre los productores.

Para conocer el alcance de esta transformación y las responsabilidades que involucra a cada eslabón de la cadena, el presidente del Centro de Acopiadores de Santa Fe, Carlos Bertolaccini, dialogó con Ecos365 para explicar los alcances del sistema y plantear la necesidad de acompañar al sector primario con información y asesoramiento.

Su mensaje fue claro: quedarse al margen no parece ser una alternativa conveniente. “No alcanza con producir bien, sino que hay que demostrarlo”, resumió.

¿Qué es VISEC y por qué empieza a ser determinante para el agro?

Bertolaccini comenzó por aclarar un aspecto central: VISEC no es una certificadora, sino una plataforma que reúne información y permite avanzar en la certificación de que la soja y la carne provienen de lotes de origen legal y sustentable.

Cuando se habla de legalidad, explicó, se hace referencia al cumplimiento de las normativas ambientales, tributarias y laborales, tanto nacionales como provinciales.

En materia de sustentabilidad, uno de los puntos centrales es la deforestación. El sistema contempla una fecha de corte: diciembre de 2020. Por lo tanto, los lotes que hayan sido desmontados con posterioridad a ese período no cumplirían con el requisito de sustentabilidad planteado.

El objetivo es avanzar hacia una trazabilidad que permita al consumidor conocer el origen de los alimentos y verificar que cumplen con determinados estándares.

“Hay consumidores que necesitan información, que quieren saber de dónde proviene cada alimento. Parece mentira, pero es una realidad y una tendencia”, explicó el dirigente.

La transformación responde a una exigencia que viene ganando terreno en los mercados internacionales, particularmente en Europa, donde la trazabilidad y la demostración de prácticas productivas sustentables adquieren cada vez mayor relevancia.

El productor ante una nueva obligación: información y decisiones

Uno de los principales desafíos aparece puertas adentro de los establecimientos rurales.

Para incorporarse al sistema, el productor debe georreferenciar sus lotes y suministrar información vinculada con su registro de establecimiento agropecuario (RENSPA), además de completar los procedimientos administrativos correspondientes.

Este punto genera resistencia, especialmente por la sensibilidad de los datos que se deben declarar.

Bertolaccini reconoció que muchos productores manifiestan preocupación por la información que entregan y por quién tendrá acceso a ella. También señaló que existe una carga burocrática que se suma a las obligaciones habituales del sector.

Frente a esos cuestionamientos, sostuvo que es necesario explicar los alcances del procedimiento, sus ventajas y sus posibles consecuencias comerciales.

“Nosotros hacemos docencia directamente. La decisión es del productor. No vamos a recomendar nada que nos exceda, pero tenemos que poner sobre la mesa los pros y los contras. Después, cada uno toma su decisión”, señaló.

El dirigente también destacó el rol de los contadores, que aparecen como un intermediario importante en el proceso, dado que muchos productores deben coordinar con ellos la presentación de información y la realización de los trámites.

¿Quién controla los datos y qué pasa con la información privada?

La confidencialidad de la información es uno de los interrogantes que más inquietud genera entre los productores.

Durante la entrevista, Bertolaccini explicó que la administración y el control de los datos están vinculados con una entidad que trabaja a través de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según indicó, el esquema contempla que la información no sea entregada a los exportadores para que puedan manipular los datos particulares de cada productor.

Sin embargo, reconoció que se trata de uno de los aspectos que más condiciona la adopción de la plataforma.

La preocupación no es menor: para muchos productores, compartir información sobre sus establecimientos implica un cambio importante en la relación entre la actividad productiva, los registros administrativos y los mecanismos de comercialización.

El acopio deberá adaptarse: segregación física y nuevos costos

La implementación de la trazabilidad no involucra solamente al productor. Para Bertolaccini, los acopiadores son uno de los eslabones más afectados por los cambios operativos.

¿Por qué? Porque el acopio constituye el primer punto de la cadena donde debe realizarse una segregación física y documental de la mercadería.

Esto significa que las plantas deberán poder identificar y separar la soja que cumple con los requisitos del sistema de aquella que no está incorporada.

“Nosotros sí o sí les estamos recomendando a los asociados que se inscriban, porque si no tenemos la planta habilitada, va a venir un productor que se inscribió con su mercadería VISEC y no se la vamos a poder tomar”, explicó.

El procedimiento implica identificar los silos, mantener separadas las partidas y garantizar que la mercadería trazada conserve esa condición durante los movimientos posteriores.

Bertolaccini reconoció que el proceso generó resistencia dentro del propio sector de acopiadores, principalmente por los costos de certificación y las modificaciones operativas que deben realizarse en las plantas.

También cuestionó la complejidad de tener que efectuar una segregación física de productos que, desde el punto de vista genético, pueden ser exactamente iguales. “Es muy complicado, pero bueno, es la tendencia que el mundo quiere: comprar mercadería trazada”, sintetizó.

La trazabilidad puede abrir la puerta a mejores precios

Uno de los interrogantes más frecuentes entre los productores es qué beneficio concreto pueden obtener por incorporarse al sistema.

En este punto, Bertolaccini señaló que ya comenzaron a aparecer incentivos económicos para estimular las inscripciones, a través del pago de un sobreprecio.

La perspectiva, además, es que la trazabilidad pueda convertirse progresivamente en una condición necesaria para acceder a determinados mercados.

Según explicó, la Unión Europea representa actualmente alrededor del 20% de las compras de harina de soja argentina, por lo que mantener ese destino comercial constituye un objetivo importante para toda la cadena.

El dirigente recordó que existen antecedentes de otros esquemas de certificación que reconocían sobreprecios de entre cinco y ocho dólares por tonelada, dependiendo de la demanda del mercado de destino.

Sin embargo, advirtió que todavía existe un interrogante sobre cómo se distribuirán esos beneficios y qué proporción de la mercadería podrá acceder a ellos.

“No es el 100% de la mercadería, va a haber un cupo. Ese cupo hay que ir tomándolo”, explicó.

En ese escenario, la trazabilidad puede representar una oportunidad comercial, especialmente si otros destinos internacionales comienzan a adoptar exigencias similares a las europeas.

Brasil y la oportunidad que puede aprovechar Argentina

Bertolaccini también planteó que Argentina podría encontrar una oportunidad competitiva frente a otros países productores.

Mencionó particularmente el caso de Brasil, al que identificó como un competidor que enfrenta mayores dificultades vinculadas con los antecedentes de deforestación.

Desde su perspectiva, cumplir con los estándares de trazabilidad y sustentabilidad puede permitirle a la Argentina diferenciar su producción y fortalecer su posicionamiento internacional.

No obstante, remarcó que la oportunidad no depende exclusivamente de lo que hagan los productores y las empresas privadas. También consideró necesario que el Estado intervenga para negociar mejores condiciones comerciales y poner en valor los sistemas de control y documentación que ya existen en el país.

El desafío de reducir la burocracia: el Estado debe hacer su parte

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista apareció cuando Bertolaccini puso el foco en las responsabilidades del sector público.

El dirigente consideró que Argentina perdió la posibilidad de ser considerada un país de bajo riesgo y pasó a una categoría de riesgo estándar, situación que implica mayores exigencias de trazabilidad para demostrar que sus productos son sustentables.

En ese contexto, reclamó una mayor participación del Estado para simplificar procedimientos y negociar condiciones comerciales favorables.

También mencionó las dificultades que enfrentan algunos productores con registros antiguos, que deben realizar gestiones presenciales ante oficinas del SENASA para actualizar la georreferenciación de sus establecimientos y continuar luego con los trámites digitales correspondientes.

Para Bertolaccini, Argentina cuenta con herramientas que deberían convertirse en un activo comercial: cartas de porte, registros, controles y sistemas de trazabilidad que, según su visión, permiten acreditar condiciones de producción que otros países no necesariamente pueden demostrar de la misma manera.

“Nosotros tenemos que aprovechar, ya que tenemos tanta burocracia asumida de tantos años, pongámosla en valor”, sostuvo. Y agregó que esa información debe ser llevada al mundo para mostrar y comercializar las ventajas de la producción argentina.

Una decisión individual con consecuencias para toda la cadena

Hacia el cierre de la entrevista, Bertolaccini volvió sobre el rol que deben asumir los acopiadores en esta transición.

La intención del Centro de Acopiadores de Santa Fe es acompañar a sus asociados y, a través de ellos, acercar información a los productores para que puedan evaluar el proceso con conocimiento de sus obligaciones y posibilidades.

También aclaró que la inscripción puede ser gestionada por el acopio, por otro acopiador o por una cooperativa, sin que eso implique que el productor quede obligado a entregar allí su mercadería.

La decisión de incorporarse sigue siendo individual, pero las consecuencias comerciales pueden trascender al establecimiento y alcanzar a toda la cadena. “Sería una picardía que se pierdan negocios por no hacerlo”, advirtió.

El mensaje final del dirigente resume el momento que atraviesa el agro argentino: la trazabilidad implica nuevos procedimientos, costos y responsabilidades, pero también puede convertirse en una herramienta para sostener mercados y generar oportunidades.

El desafío será encontrar un equilibrio entre las exigencias internacionales, la simplificación administrativa, la protección de la información privada y los beneficios económicos para quienes producen.

Porque, como planteó Bertolaccini, el mundo está cambiando la forma de comprar alimentos. Y el agro argentino tendrá que prepararse para demostrar no solamente cuánto produce, sino también cómo lo hace.