Hoy, 30 de octubre, se cumplen cuarenta y tres años de la jornada electoral de 1983 en la que Raúl Alfonsín ganó la presidencia y cerró el ciclo de dictaduras militares en la Argentina. Desde entonces, el país no interrumpió un solo mandato constitucional.
Son cuarenta y tres años ininterrumpidos, la racha democrática más larga de nuestra historia. Pero esa continuidad institucional convivió con hiperinflación, corralito, default y una sucesión de crisis que pusieron en duda si la democracia, por sí sola, garantiza crecimiento.
La lista de sobresaltos es larga: la hiperinflación de 1989 que obligó a Alfonsín a entregar el poder antes de tiempo, el final de la convertibilidad en 2001 y los sucesivos cepos cambiarios.
América Latina tiene pocos ejemplos de continuidad tan larga sin interrupciones militares; buena parte de los vecinos sufrió golpes o rupturas institucionales en ese mismo período, más allá de las crisis económicas recurrentes.
Ahí aparece una distinción que las empresas manejan mejor que los discursos políticos: estabilidad institucional y estabilidad macroeconómica no son lo mismo. La primera fija las reglas del juego; la segunda depende de qué gobierno las administre cada cuatro años.
El economista Douglass North, Premio Nobel en 1993, lo resumió así: "las instituciones son las restricciones humanas que estructuran la interacción política, económica y social". Esa idea explica por qué el riesgo país nunca es solo un número financiero.
De hecho, aun con metas fiscales cumplidas, el mercado sigue sin convencerse de la estabilidad macroeconómica cuando percibe incertidumbre política de fondo. El riesgo país mide, en gran parte, cuánto confían los inversores en que las reglas no van a cambiar de golpe.
Esa prima de riesgo no es abstracta: se traduce en tasas de interés más altas para financiar una ampliación, en seguros de crédito a la exportación más caros y en rondas de inversión que piden mayores garantías que a un competidor uruguayo o chileno.
Chile y Uruguay construyeron, con matices distintos, una reputación de previsibilidad que hoy les permite financiarse más barato que la Argentina pese a economías mucho más chicas. La diferencia no es el tamaño: es la confianza acumulada.
Cualquier proyecto que cruce más de un mandato presidencial —una planta, un pozo de Vaca Muerta, una ronda de financiamiento— necesita previsibilidad que ningún ministro puede ofrecer solo. La falta de un programa económico de largo plazo pesa tanto como cualquier variable fiscal.
Para quienes evalúan radicar un centro de datos, ampliar una planta agroindustrial o abrir una ronda de inversión, la pregunta de fondo nunca cambia: ¿qué tan sólidas son las reglas que van a regir ese capital en diez años?
Los modelos de riesgo que hoy usan los fondos de inversión, muchos corridos con inteligencia artificial, incorporan variables políticas e institucionales junto a los datos fiscales. Para esos algoritmos, cuarenta y tres años sin golpes de Estado también es información que se pondera.
Quienes hoy dirigen una pyme o lideran una startup nacieron, en su mayoría, después de 1983. La continuidad democrática les resulta un dato de fondo, casi invisible, aunque sea uno de los pocos activos que la Argentina no perdió en cuatro décadas.
En el sur de Santa Fe esa cuenta se siente de cerca: el ida y vuelta entre el optimismo del campo y la decisión de postergar inversiones responde menos al humor del momento que al cálculo de cuánto puede durar cada regla de juego.
La región entera juega ese mismo partido: el mercado también apuesta sobre cómo cada elección vecina redefine el humor inversor, porque ningún capital se mueve a ciegas en un continente donde los gobiernos cambian de signo cada pocos años.
La pregunta que deja este aniversario no es si la democracia argentina resistió —ya lo probó durante cuarenta y tres años— sino si alguna vez alcanzará, además, la estabilidad económica que esa misma continuidad institucional debería haber garantizado.
