El Inmobiliario Rural tendría un destino reservado: financiar infraestructura para el campo. Y los Juegos Suramericanos dejarían una estructura para atraer nuevas actividades a Santa Fe. Son las dos novedades que sobresalen en la letra chica del proyecto de Presupuesto 2027, entre autorizaciones para tomar deuda, asistir a municipios y negociar el cobro de demandas a empleados públicos.
La primera tiene nombre y fuente de recursos: Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS). Se alimentaría con la recaudación del Inmobiliario Rural que queda en manos de la Provincia, después de descontar la coparticipación municipal.
La segunda aparece en el artículo 69, que habilita la creación de una persona jurídica separada del Estado provincial para producir, captar y cofinanciar eventos. Es la herramienta planteada para el legado de los Juegos, aunque el articulado no utiliza esa denominación y le asigna un campo de acción bastante más amplio que el deportivo.
Ambas propuestas necesitan la aprobación de la Legislatura. Y en las dos, la reglamentación tendrá peso: deberá definir cómo se administrará el fondo rural y cómo funcionará la entidad para eventos.
El impuesto del campo vuelve a la infraestructura
El FIAS apunta al desarrollo, mejoramiento y conservación de la infraestructura que utiliza el sector agropecuario. El cambio está en la asignación de los recursos: el proyecto reserva para ese objetivo lo recaudado por el Inmobiliario Rural, una vez descontada la parte municipal.
Para el productor, la discusión pasa a tener una referencia concreta: cuánto de lo que paga se transforma en infraestructura y dónde se invierte.
Además del impuesto, el fondo recibiría los alquileres y cánones por la explotación agropecuaria de inmuebles rurales de propiedad provincial. También podría incorporar créditos nacionales o internacionales autorizados y otros recursos asignados en futuros presupuestos.
La administración quedaría en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las entidades empresarias del agro tendrían un lugar en un consejo estratégico, presidido por el ministro e integrado también por funcionarios.
Ese consejo podría proponer prioridades y seguir las inversiones. Su carácter sería consultivo: la decisión sobre los recursos seguiría en manos del Gobierno.
Los artículos no incluyen un listado de caminos, localidades u obras. Tampoco fijan allí una suma cerrada para el fondo. Su capacidad dependerá de la recaudación y de los recursos adicionales que consiga. La reglamentación deberá establecer cómo se seleccionan las inversiones y cómo se administra el dinero.
Después de los Juegos, más eventos
El otro movimiento mira más allá de la competencia deportiva. El artículo 69 autoriza al Ejecutivo a constituir, dentro de los 180 días de entrada en vigencia de la ley, una entidad con capacidad para atraer y desarrollar actividades en territorio santafesino.
El texto enumera eventos artísticos, culturales, deportivos, científicos, académicos, empresariales y de congresos y convenciones. Les pide tres resultados: actividad económica adicional, llegada de visitantes y proyección de la provincia.
La figura permitiría “producir, captar, cofinanciar y retener” esos encuentros. Cofinanciar abre la posibilidad de compartir el esfuerzo económico para conseguir una sede o sostener una actividad. Captar y retener apunta a que los eventos lleguen y vuelvan.
El alcance supera, por lo tanto, el aprovechamiento deportivo del legado de los Juegos. Incluye un mercado que mueve hoteles, gastronomía, transporte, servicios técnicos y proveedores.
Todavía faltan definiciones importantes. El artículo no establece el nombre de la entidad, su sede, quiénes la conducirían ni cuánto dinero recibiría. Tampoco determina una participación privada o una forma societaria específica. Por eso, presentarla ya como una “empresa mixta” o una “sociedad del Estado” iría más allá de lo que dice el proyecto.
La autorización deja abierta la estructura. El objetivo que escribe es generar actividad y visitantes mediante eventos.
Quita de intereses y hasta cinco años para pagar
Entre las otras disposiciones aparece una que puede despertar discusión: la posibilidad de negociar con empleados públicos demandados por responsabilidades surgidas de juicios de cuentas del Tribunal de Cuentas provincial.
El artículo 64 permite al Ministerio de Economía acordar una quita total de los intereses y financiar el pago en hasta 60 meses, con una tasa del 10% anual.
La cuenta tiene dos partes. Se podrían eliminar los intereses acumulados de la deuda reclamada, mientras que las cuotas llevarían su propia tasa de financiación. El artículo no autoriza una reducción del capital.
El beneficio tampoco sería automático ni alcanzaría a cualquier deuda de un empleado público. Requiere un acuerdo por esas demandas específicas. Quedan expresamente excluidos quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública.
EPE, Aguas y maquinaria: las puertas al crédito
Para EPE y Aguas Santafesinas, el proyecto habilita operaciones de endeudamiento por hasta US$90 millones, más intereses y accesorios. Es el límite previsto en ese artículo para ambas empresas.
Los recursos podrían financiar inversiones en infraestructura y mantenimiento de redes e instalaciones. Las compañías necesitarían autorización del Ejecutivo para tomar el crédito; la Provincia también podría hacerlo en su nombre.
No se detalla cuánto correspondería a cada empresa ni qué obras se financiarían. El plazo mínimo de amortización sería de un año, con tasas dentro de los valores de mercado para operaciones comparables.
Otro artículo permite tomar deuda por hasta $100.000 millones, o su equivalente en moneda extranjera, para comprar vehículos, maquinaria, medios de transporte y otros equipos destinados a servicios públicos provinciales y municipales.
La financiación podría venir de bancos, del mercado de capitales o de los propios proveedores. Para quienes venden esos bienes, esta última alternativa abre la posibilidad de acompañar la oferta con un plan de pago.
El plazo mínimo de amortización sería de dos años. El texto no incluye todavía un listado de compras ni un reparto entre localidades: habilita el financiamiento para concretarlas.
$12.000 millones para lluvias extraordinarias
Las planillas de Obras Públicas incluyen, además, $12.000 millones de gastos de capital bajo el programa “Fenómeno Niño–Precipitaciones extraordinarias”.
La partida reserva recursos para ese destino, aunque esa apertura no identifica las intervenciones ni las localidades beneficiadas. El nombre del programa tampoco constituye un pronóstico climático para 2027.
Para conocer el alcance territorial de esos $12.000 millones todavía falta el detalle más concreto: qué trabajos se harán, dónde y con qué calendario.
