Gendarmería Nacional realizó un amplio operativo esta semana en pleno centro de Rosario y en un primer momento se había indicado que era en el marco de una causa judicial que tiene a Roberto Mondaini como acusado de estafa. En realidad fue a raíz de la denuncia penal por estafa contra la mutual Pedro de Mendoza, que opera en el edificio de Córdoba 1365.

La demanda fue presentada por un industrial de Bigand en la que indicó que operaba en Bolsa a través de ellos. Pero un día le propusieron sacar sus fondos de la Bolsa, alrededor de 14 millones, y colocarlos con una mejor tasa de interés en la mutual del Grupo América, llamada Pedro de Mendoza. 

Según lo denunciado, retiró el dinero de la Bolsa, lo depositó en Banco de Santa Fe y los transfirió a la mutual quedando en un plazo fijo. Al querer realizar un retiro anticipado, la mutual le comunicó que no tenía los fondos disponibles y hasta que le costó ser reconocido como cliente. 

Desde la mutual niegan la estafa, sostienen que no lo indujeron a realizar el traspaso y que el cliente era conocedor de que el negocio era a largo plazo, por lo que el retiro anticipado que requirió no podía contemplar todos los fondos previstos. Asimismo y si bien no pudieron hacer frente del retiro anticipado de los 14 millones de pesos, le ofrecieron distintos tipos de alternativas y garantías para cumplir el compromiso

Tras la denuncia se activó un embargo judicial preventivo de activos financieros de la mutual (bonos) por la suma en disputa, mientras se buscaba un entendimiento. En ese contexto, se inició una mediación entre las partes. La mutual dice haber presentado tres propuestas y creen que el rechazo se debe a una especulación del ahorrista de preferir quedarse con los bonos embargados. 

 

 

De búsqueda de paradero a presunta fuga: el caso Mondaini

 

El empresario salió del país el 22 de agosto con destino a Uruguay y según la denuncia lo hizo con dinero de ahorristas. La fiscalía registró alrededor de 300 inversores damnificados, alcanzando cifras millonarias y en divisas extranjeras. Mondaini manejaba fondos de ahorristas y los movía en diferentes inversiones bursátiles, además de cambiar divisas y participar en otras empresas. Los allanamientos fueron ordenados por la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Sebastián Narvaja.

Entre los negocios en los que tiene participación aparecen la consultora en inversiones financieras Bi Consultans SA; la firma de telecomunicaciones Capecom SRL; un fideicomiso que construiría una torre de departamentos; una agencia de bolsa, GP Trading, que aún gestionaba su autorización y la guardería de kayaks Emprendimientos Náuticos.

A comienzos de septiembre se había llevado a cabo otro allanamiento, en este caso en Puerto Norte y efectuado por la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC). Allí secuestraron documentación de interés y diversos dispositivos electrónicos para ser sometidos a análisis periciales.

El caso Mondaini no es el único que tiene como protagonistas a personas vinculadas al mundo empresarial, pero en las páginas policiales.

 

 

Complicado desde Rosario a Salta

 

Hace unos días volvió a ser noticia el financista rosarino Daniel Casanovas, luego de que se realizara un allanamiento a una escribanía que contaba con documentación de interés para la causa. El empresario y su mujer fueron detenidos en Salta, en el marco de una causa por “retención indebida, libramiento de cheques sin provisión de fondos y desbaratamiento de derechos acordados”.

Esa no es la única demanda contra del empresario ya que en Rosario también afronta un proceso judicial por estafas. La empresa Cereales del Sur, entró en convocatoria de acreedores a finales de 2019 exhibiendo un default por 450 millones de pesos. Por tal motivo presentó un plan de pagos para devolver a los acreedores, aunque con una importante quita, pero los plazos nunca se cumplieron.

También fueron damnificados sus trabajadores, que quedaron sin empleo y con cuatro meses de sueldos adeudados. Algunos de ellos habían trabajado en la cosecha con la promesa de que luego de la campaña electoral de ese año cobrarían, algo que no ocurrió. También hubo perjuicios a productores cerealeros que derivaron en denuncias varias por estafa.

Casanovas se volvió viral día antes de la detención tras haber sido identificado por una presunta víctima en un restaurante. El damnificado, un productor agropecuario, insultó al financista, le pidió que se retirara del lugar y luego le pegó una piña en la cara al presunto estafador. 

 

 

Más capítulos en una novela conocida

 

El financista Luis Herrera acumula más de 60 denuncias penales en su contra de inversores por algo más de 10 millones de dólares. También tiene otra tanda de denuncias en la Justicia civil. En círculos financieros se estima que su deuda es, como mínimo, de 30 millones de dólares.

Fue detenido junto a sus hijos y su esposa, pero salieron de prisión abonando una fianza de 3 millones de dólares. Herrera fue encontrado como responsable de los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta y asociación ilícita por 65 delitos vinculados a 85 hechos delictivos. 

La primera de las denuncias se presentó en 2021 y según se indicó Herrera tomaba los dólares de los inversores y los colocaba en el mercado de futuros ofreciendo tasas de interés mayores a la usual. Pero en un momento dejó de devolver los dólares a los ahorristas, se indicó en la denuncia. 

Según la investigación, las maniobras irregulares se transformaron en estafa en 2017 cuando los fondos fueron desviados y generando un sistema de estafa piramidal, prometiendo rentabilidades del 12 por ciento. 

Herrera entró en default en 2021, pero sus primeros problemas de liquidez empezaron a trascender en 2020 y ya algunos ahorristas quisieron retirar sus fondos. Un año después empeoró considerablemente la situación cuando la cantidad de ahorristas que no podía retirar sus fondos aumentaba.

 

 

Exmatrimonio y algo más

 

El empresario rosarino Alejandro Diez fue imputado como autor de una maniobra de administración fraudulenta. La denuncia fue presentada por su excónyuge, quien descubrió que había sido desapoderada de los activos de la sociedad conyugal.

Para la fiscalía, el industrial del rubro plástico llevó adelante una serie de actos ilícitos de simulación para perjudicar a su cónyuge patrimonialmente en el marco de sus intenciones de divorciarse. De esa forma evitaría que consumada la separación ella consiguiera su parte proporcional del patrimonio conyugal. 

El hermano del empresario también fue imputado ya que la Fiscalía encontró que Alejandro Diez trajo por goteo al país una suma de dinero que él y su pareja tenían en un fondo de inversión en el exterior. Ese monto fue donado a su hermano y éste hizo lo propio a la empresa.

Luego de un año el hermano reclamó la suma y con la premisa de que la firma no tenía fondos para hacer frente al reclamo, capitalizó su deuda con una participación del 80 por ciento de la empresa. La firma que la denunciante tenía junto a su cónyuge había pasado a sus espaldas a su cuñado.