El Poder Ejecutivo dispuso la disolución del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, creado en 2014 con el propósito de desarrollar proyectos de seguridad en aeródromos de todo el país. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 144/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se inscribe en un proceso de reestructuración y optimización de los fondos fiduciarios públicos.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, argumenta que la disolución del fondo responde a la necesidad de reorganizar los recursos estatales destinados a la seguridad aeroportuaria, buscando una gestión más eficiente y acorde con las actuales demandas del sector. Las funciones y proyectos previamente asignados a este fondo serán reabsorbidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entidad encargada de supervisar y garantizar la seguridad en la aviación civil argentina.

A partir de la eliminación del organismo, se estableció que la tasa de seguridad aeroportuaria pasaría a ser transferida en un 100% hacia la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el cual depende de la Secretaría de Transporte y, a su vez, del Ministerio de Economía.

De todos modos, la ANAC tendrá la obligación de utilizar la mitad de los fondos recaudados, para garantizar la realización de obras y/o la implementación de sistemas o nuevas tecnologías que sirvan para fortalecer la infraestructura de los aeródromos repartidos en todo el territorio nacional.

Más allá de que el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria dejará de estar a cargo de la administración de los fondos, se dispuso que continúe activo para “asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”.

En este sentido, determinaron que el proceso de liquidación del área dependerá de las medidas impartidas por parte del Ministerio de Economía. Asimismo, apuntaron que “se torna necesario establecer un nuevo criterio de distribución de lo recaudado, que continúe asignando recursos a dicha política pública“, tras los resultados obtenidos por medio de una auditoría realizada por la SIGEN.

Previo a esto, el organismo había activado las alarmas al detectarse compras y contrataciones faltantes de información, ya que en algunas transacciones se notificó por la ausencia de responsables y dependencias que habrían llevado a cabo la selección, supervisión del cumplimiento del contrato y la recepción de los bienes y servicios.

De esta manera, en el informe describieron la existencia de compras que no estaban relacionadas con la misión inicial del organismo, es decir, fortalecer la seguridad aeroportuaria. A modo de ejemplo, las autoridades denunciaron que se utilizaron fondos públicos para adquirir 140 computadores portátiles, 9 aires acondicionados split frío/calor, 592 neumáticos para los vehículos oficiales de la ANAC y la contratación de servicios de consultoría.

En oposición, el informe destacó la poca asignación de proyectos y proyección de obras a realizar en aeropuertos y aeródromos nacionales. A la vez que señalaron la existencia de contrataciones proyectadas en el Plan Anual de Contrataciones de la Administración Nacional de Aviación Civil que habían sido duplicadas, remarcaron la ausencia de informes de gestión que pudieran medir el impacto del área en materia de seguridad aeroportuaria.

A principios de 2025, el Gobierno ya había ordenado la eliminación de otros tres fondos fiduciarios, entre ellos, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) a través de la publicación del Decreto 6/2025. Los mismos fueron desarticulados por haberse encontrado irregularidades e incumplimientos en los objetivos.