El Gobierno de Milei está intensificando la presión sobre los gobernadores provinciales para que reduzcan los impuestos, en un esfuerzo por replicar a nivel local las reformas económicas que se están implementando a nivel nacional. Esta estrategia, liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca no solo aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, sino también impulsar un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, no todas las provincias están dispuestas a seguir este camino, lo que ha generado un debate intenso sobre el futuro de las finanzas provinciales y su impacto en la economía argentina.

Los números del 2024 muestran una mejora significativa en la posición fiscal de las provincias, con superávits récord que han sorprendido incluso a los analistas más optimistas. Según un informe de Facimex, en el tercer trimestre del año pasado, las provincias registraron un superávit primario de ARS$1,3 billones, equivalente al 5,3% de sus ingresos, y un superávit fiscal de ARS$0,8 billones, o el 3,4% de sus ingresos. Estas cifras representan una mejora sustancial en comparación con el mismo período de 2023, cuando los superávits primario y fiscal fueron del 3,7% y 1,1%, respectivamente.

Este escenario se ha logrado a pesar de una caída del 20% en los ingresos reales de las provincias, lo que se explica por un ajuste del gasto primario del 22% en términos reales. El ajuste fiscal no ha sido fácil, especialmente en provincias que dependen en gran medida de las transferencias nacionales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los tres rubros del Tesoro Nacional que más se redujeron en 2024 fueron las transferencias de capital a provincias (-96%), la inversión real directa (-70%) y las transferencias corrientes a provincias (-67,8%).

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, destacó que “los últimos datos oficiales confirman una mejora significativa en la posición fiscal de las provincias en 2024”, con la mayoría de los distritos reportando superávits sustanciales. Incluso aquellas provincias más afectadas por la reducción de transferencias discrecionales nacionales han logrado mantener un equilibrio fiscal. Ritondale también anticipa que el entorno macroeconómico mejorará en 2025, con estabilidad cambiaria y una recuperación económica en curso, lo que debería traducirse en mayores ingresos para las provincias.

Sin embargo, no todas las provincias están en la misma situación. El caso de La Rioja es emblemático. Esta provincia enfrenta una situación financiera frágil debido a su alta dependencia de los fondos nacionales y a un default que ha complicado su acceso a los mercados internacionales. En 2024, La Rioja incumplió pagos por US$77 millones y recibió un fallo en contra del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que le ordenó cancelar US$39,9 millones a un grupo de acreedores. A pesar de estos desafíos, la provincia logró un margen operativo del 13,6% y un superávit primario del 7,6% de sus ingresos al tercer trimestre de 2024.

El Gobierno Nacional insiste en que “las reformas que estamos haciendo a nivel nacional deben ser replicadas por provincias y municipios”, como señaló Sturzenegger. Sin embargo, algunas provincias se resisten a reducir impuestos, argumentando que necesitan mantener ciertos niveles de gasto para garantizar servicios esenciales y mantener la infraestructura. Este desacuerdo ha generado tensiones entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, especialmente en un contexto donde las transferencias nacionales han disminuido drásticamente.

Un ejemplo claro de esta tensión es el conflicto entre MercadoLibre y la provincia de Santa Fe, donde el gobierno local intentó imponer impuestos adicionales a las operaciones de la plataforma. Este caso no solo refleja los desafíos fiscales que enfrentan las provincias, sino también cómo las empresas están respondiendo a un entorno fiscal cada vez más complejo. Las fintech argentinas también han alzado la voz, quejándose de los impuestos “asfixiantes” que enfrentan tanto a nivel nacional como provincial.

En este contexto, el Pacto de Mayo firmado en Tucumán entre el Gobierno Nacional y los gobernadores provinciales busca establecer un marco de cooperación para abordar estos desafíos. Sin embargo, la implementación de este acuerdo no ha estado exenta de dificultades. Mientras algunas provincias han logrado ajustar sus finanzas y reducir su dependencia de los fondos nacionales, otras siguen luchando por equilibrar sus cuentas.

Mirando hacia el futuro, Ritondale espera que las provincias mantengan resultados fiscales sólidos en 2025, con un superávit primario de alrededor del 5% al 6% de los ingresos netos. Esta posición fiscal fortalecida podría permitir a algunas provincias regresar a los mercados internacionales, lo que a su vez podría financiar proyectos de infraestructura y estimular el crecimiento económico local.

En definitiva, en un país tan diverso como Argentina, no hay una solución única, pero el camino hacia una mayor eficiencia fiscal parece ser inevitable.