El vandalismo rural dio un paso importante en el Congreso. La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a un proyecto que busca reforzar la protección de los establecimientos rurales y establecer penas específicas para quienes provoquen daños sobre bienes vinculados con la actividad agropecuaria.
La iniciativa, impulsada desde el PRO y respaldada por entidades del sector, obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención durante la sesión del miércoles 21 de octubre. Con esta aprobación, el texto pasó al Senado, donde deberá continuar su recorrido legislativo para convertirse en ley.
El proyecto apunta a dos situaciones que preocupan al campo: el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y la destrucción o inutilización de bienes que forman parte del proceso productivo.
¿Qué penas contempla el proyecto contra el vandalismo rural?
Uno de los principales cambios propuestos es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establecería sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales cercados o señalizados.
La pena prevista es de entre uno y doce meses de prisión. Si la intrusión obstaculiza el normal desarrollo de la actividad productiva, la sanción podría elevarse hasta dos años.
El proyecto considera que la presencia de alambrados, cerramientos, vallas o carteles puede indicar la prohibición de ingreso al establecimiento.
La iniciativa también propone incorporar el artículo 184 bis, destinado específicamente a los daños contra la producción y la infraestructura agropecuaria. Para estos casos, contempla penas de entre dos y ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado.
Silobolsas y sistemas de riego, entre los bienes alcanzados
La propuesta no se limita a la rotura de silobolsas. También contempla daños sobre distintos bienes que resultan fundamentales para el funcionamiento de una explotación agropecuaria.
Entre los elementos alcanzados se encuentran: Silobolsas y granos almacenados.; Cultivos, plantaciones y forrajes; Ganado y productos agropecuarios durante su transporte; Silos, alambrados y tranqueras; Sistemas de riego y bombas de agua; Paneles solares y reservas hídricas.
El objetivo es establecer una figura penal específica para conductas que pueden comprometer no solamente un bien material, sino también la continuidad de las tareas productivas y las inversiones realizadas por los productores.
Desde la Fundación Barbechando señalaron que detrás de estos hechos puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y años de trabajo afectados.
El respaldo de las entidades rurales
La iniciativa contó con el acompañamiento de referentes y organizaciones vinculadas con el sector agropecuario. Entre ellas se encuentra Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que respaldó el avance del proyecto.
También se expresó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que valoró la aprobación en Diputados y destacó la necesidad de contar con herramientas legales para proteger la propiedad, el trabajo rural y a las familias que viven en el campo.
Para las entidades que apoyan la propuesta, la media sanción representa un avance en la búsqueda de respuestas institucionales frente a los hechos de vandalismo que afectan a la producción agropecuaria.
Qué falta para que se convierta en ley
Pese a la aprobación en Diputados, el proyecto todavía no está vigente como nueva ley. Para completar el trámite legislativo, deberá ser analizado por el Senado y obtener allí la aprobación correspondiente.
El debate también incluye cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas figuras penales y su relación con las sanciones que ya contempla el Código Penal para determinados daños. Por eso, el tratamiento parlamentario será clave para definir el texto definitivo.
Mientras tanto, la media sanción vuelve a poner en agenda la seguridad rural y la protección de los bienes productivos, en un sector donde los daños sobre granos, cultivos, infraestructura o sistemas de abastecimiento de agua pueden tener consecuencias económicas que van más allá del costo de reparación.
El próximo paso será seguir el tratamiento en la Cámara alta, donde se definirá si la iniciativa avanza hacia su aprobación definitiva.
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