“El desafío que tenemos hoy nosotros es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”. Maximiliano Pullaro puso el foco sobre quienes aportan conocimiento profesional para sostener el negocio del delito y advirtió que la reducción de la violencia en Rosario todavía está lejos de significar una derrota definitiva de las bandas.
“Las organizaciones criminales no están desarticuladas, simplemente están contenidas por el accionar permanente del Estado”, sostuvo el gobernador de Santa Fe. Su planteo combinó un reconocimiento a los resultados de la política de seguridad con una advertencia: si no se avanza sobre quienes administran, mueven y lavan el dinero, las estructuras conservan capacidad para reorganizarse.
Lo dijo este miércoles durante la apertura de la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, en el Complejo Cultural El Túnel, del Parque España. El encuentro reunió en Rosario a autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), fiscales, jueces y especialistas en investigación económica, con una agenda centrada en cómo quitarles a las organizaciones criminales los recursos que les permiten seguir funcionando.
En la apertura participaron también el presidente de la UIF, Matías Álvarez; el fiscal federal Matías Scilabra, de la Fiscalía de Distrito Rosario; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el intendente Pablo Javkin. Fue, además, la presentación pública en ese ámbito de Federico Aranda como nuevo responsable de la UIF con sede en Rosario.
El mensaje compartido fue avanzar en el trabajo conjunto. Scilabra destacó esa coordinación y Javkin ratificó el interés de combatir el crimen organizado en la ciudad. Álvarez llevó el planteo a una pregunta concreta: cómo puede ser que una banda siga operando al día siguiente de un procedimiento en el que se detiene a sus integrantes, se secuestra la droga y se cierran puntos de venta.
Su respuesta fue el dinero.
Los profesionales que sostienen el negocio
Pullaro reclamó extender las investigaciones hacia los eslabones que aportan capacidad técnica a las bandas. Su señalamiento estuvo dirigido específicamente a los abogados y contadores que participan de las estructuras criminales.
“Un abogado que va a la cárcel y lleva un mensaje a otro sector de la organización criminal, es parte de la organización criminal; o un contador que participa en la estructura de lavado de activos y le pone cabeza a la organización criminal —que no tiene cabeza para eso—, es parte de la organización”, afirmó.
El gobernador describió a esos actores como quienes asesoran a las bandas, les aportan herramientas y permiten sostener desde otro lugar actividades que no se agotan en la venta de drogas o en la ejecución de hechos violentos.
La distinción resulta central para entender el alcance de su planteo: se refirió a profesionales que integran el engranaje delictivo. El objetivo que propuso es investigar esa participación y la función que cumplen en la continuidad del negocio.
“Si no hacemos eso, nos estamos equivocando”, sostuvo. Y agregó que avanzar sobre ese entramado permitiría consolidar políticas públicas con resultados en la región y capacidad de convertirse en una referencia para el resto del país.
En ese punto destacó la coordinación con la Fiscalía General y la Fiscalía Regional del MPA. Para Pullaro, uno de los factores que permitió el crecimiento de las organizaciones fue la impunidad acumulada durante años. “Se marcó una línea: no hay impunidad absolutamente para nadie, ni en la justicia provincial ni en la justicia federal”, expresó.
La UIF quiere entrar al comienzo de las causas
Álvarez desarrolló la misma preocupación desde la investigación financiera: detener personas puede dejar intacto el negocio que las sostiene.
El presidente de la UIF explicó que el dinero financia la logística, la violencia y la expansión de las organizaciones. A su vez, el lavado de activos y la corrupción asociada permiten que esas estructuras mantengan operaciones o se reconstruyan después de un golpe judicial.
Por eso propuso incorporar la investigación financiera desde el origen de las causas. El objetivo es comprender cómo funciona cada organización, quién la sostiene y dónde se puede afectar su capacidad económica.
La UIF recibe reportes de los sujetos obligados, cruza información y produce inteligencia financiera. Álvarez reconoció, sin embargo, que esa tarea pierde utilidad si sus resultados llegan tarde o no sirven a los fiscales para intervenir.
Planteó una gestión apoyada en capacidad técnica, proactividad y cooperación con otros organismos. También destacó el aporte de información que puede realizar el sector privado.
Su diagnóstico fue que ninguna agencia tiene por sí sola todas las piezas: los fiscales conocen una parte de la trama; las fuerzas de investigación, otra, y la UIF puede contribuir a identificar los mecanismos financieros. Reunir esas capacidades a tiempo es lo que permite actuar antes de que el dinero cambie de manos o se pierda su rastro.
“Que una organización pierda integrantes a través del trabajo del sistema de justicia es un paso. Que pierda la capacidad de financiarse y reconstruirse es el objetivo que tenemos que perseguir todos juntos”, resumió.
Aranda y una nueva etapa de la UIF en Rosario
En ese contexto, Álvarez destacó la reciente designación de Federico Aranda al frente de la dependencia con sede en Rosario y reclamó una UIF cercana, con interlocutores disponibles y colaboración concreta con los organismos que trabajan en el territorio.
La denominación formal del cargo es responsable de la Agencia Regional Central. Su llegada coincide con una reorganización del organismo: la Resolución UIF 115/2026 asignó a esa agencia la cobertura y supervisión de los sujetos obligados de Entre Ríos, con el propósito de coordinar la prevención con Santa Fe y atender riesgos compartidos sobre la Hidrovía.
La UIF vinculó esa decisión con la evaluación de GAFI y GAFILAT, que identificó a Rosario, la Hidrovía Paraguay-Paraná y la Triple Frontera como áreas de especial riesgo. La regional Litoral concentrará su actuación en la Triple Frontera y el tramo norte de la Hidrovía.
La presentación de Aranda le dio así una referencia local al compromiso planteado por Álvarez: convertir la cooperación entre organismos en una práctica cotidiana, con respuestas que puedan utilizarse en las investigaciones.
Vranicich: el daño económico también debilita las instituciones
La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, amplió el enfoque sobre las consecuencias de la criminalidad económica. Señaló que estos delitos generan perjuicios patrimoniales y distorsiones en los mercados, pero también erosionan los ingresos públicos, alimentan la desigualdad y afectan las condiciones de vida.
Advirtió, además, sobre sus vínculos con la violencia, la corrupción y las organizaciones criminales. Frente a esa complejidad, propuso combinar las herramientas del derecho con las de la economía y las ciencias sociales, e incorporar de manera sistemática la perspectiva de género, un enfoque que, indicó, el MPA ya viene desarrollando.
Vranicich recordó que el organismo trabaja con un plan de persecución penal que prioriza las violencias altamente lesivas, los hechos contra víctimas vulnerables —entre ellas niños, adolescentes y adultos mayores— y la corrupción funcional. También mencionó la incorporación del cibercrimen entre sus líneas de trabajo.
Al hablar de corrupción, señaló que hubo y hay fiscales privados de su libertad por hechos de esa naturaleza. Sostuvo que investigarlos y avanzar judicialmente sobre esas conductas fortalece a las instituciones.
La fiscal general repasó también la reestructuración de la unidad especializada en delitos económicos dentro de la Fiscalía Regional, dispuesta por el fiscal regional Matías Merlo mediante una resolución del 30 de diciembre de 2025.
Según explicó, esa unidad tiene como misión investigar y litigar maniobras que afecten el patrimonio público y privado, el orden económico y financiero y la circulación de dinero proveniente de economías ilegales. El abordaje debe ser estratégico y coordinado con el área que investiga las violencias altamente lesivas.
La especialización apunta a hechos cuya sofisticación, cantidad de intervinientes, impacto colectivo o necesidad de conocimientos técnicos exigen una intervención específica.
Vranicich recordó antecedentes locales de investigaciones y condenas por lavado de activos y señaló que el fiscal Sebastián Narvaja fue designado el 30 de marzo de 2026 como jefe y responsable de esa unidad.
Quitar bienes, bloquear recursos y sostener la decisión
El gobernador incluyó entre las herramientas de la provincia los remates de bienes decomisados y el funcionamiento del Comité de Bloqueo Económico.
Durante su exposición mencionó entre seis y ocho subastas realizadas a través del organismo provincial encargado de administrar los bienes decomisados. Las presentó como parte de una estrategia destinada a afectar el patrimonio de las bandas y reducir su capacidad de acción.
También reivindicó la determinación política para sostener esas medidas frente a las amenazas.
Una agenda para conectar el delito con su dinero
La programación del encuentro mostró el alcance de esa discusión. Además de la apertura política e institucional, incluyó exposiciones de Ángela Gutiérrez Giraudo y María Leticia Risco, de la UIF, sobre crimen organizado, lavado de activos e inteligencia financiera.
Otro bloque fue dedicado a la coordinación federal y provincial, con Matías Scilabra, Franco Carbone, Emiliano Méndez Ortiz y Luisa Muñoz Olney.
La agenda contempló también un panel sobre el juzgamiento de organizaciones criminales complejas en el sistema procesal penal acusatorio, con los jueces Eduardo Rodríguez Da Cruz, Román Lanzón y Florentino Malaponte.
Para el diagnóstico de los flujos financieros ilícitos y las herramientas de investigación fueron convocados Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Gonzalo Ruggeri, de la Procuraduría de Narcocriminalidad; Santiago González Bellengeri, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y un representante de la Unidad de Análisis de la UIF.
El programa se completó con la presentación del proyecto de apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado, a cargo de Luis Ignacio García Sigman, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y un bloque sobre prevención con participación prevista de organismos de Rosario y Santa Fe.
La concentración de funcionarios, fiscales, jueces y especialistas abrió una oportunidad para que las investigaciones sobre la violencia y las pesquisas patrimoniales tengan una coordinación más estrecha. El desafío planteado durante la apertura fue concreto: impedir que una banda conserve el dinero, los asesores y los mecanismos necesarios para seguir operando cuando sus integrantes terminan presos.
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