Resumen Ejecutivo
- El Intendente Pablo Javkin envió un proyecto al Concejo Municipal de Rosario para legalizar aplicaciones como Uber y DiDi.
- Exigirá licencia profesional, seguro específico y registro municipal, además de un esquema de tarifa flexible con piso en el colectivo.
- Habilita a taxis y remises a realizar envíos de paquetería y mantiene regulada la tarifa del servicio tradicional captado en vía pública.
El debate sobre la digitalización del transporte urbano en Rosario alcanzó una instancia decisiva con la presentación oficial del proyecto impulsado por el Intendente Pablo Javkin. La iniciativa enviada al Concejo Municipal busca regularizar de manera definitiva el funcionamiento de plataformas globales como Uber y DiDi, otorgándoles un marco legal que transforme la convivencia entre el transporte tradicional y las nuevas tecnologías.
Durante años, las aplicaciones operaron en un terreno de indefinición normativa que generó fricciones con el sector de taxis y remises. La titular del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, viene promoviendo la integración de estas herramientas digitales para adecuar la legislación a los patrones de consumo actuales. Desde la conducción legislativa local remarcan la necesidad de dar respuestas concretas a un fenómeno masivo e irreversible.
“Una ciudad moderna no niega el futuro: lo hace más seguro y le pone reglas claras”, argumentó María Eugenia Schmuck al fundamentar el espíritu de la reforma. El planteo parte de la premisa de que prohibir o ignorar el despliegue tecnológico solo fomenta la informalidad, restando previsibilidad tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio que transitan las calles santafesinas.
La propuesta modifica la ordenanza aprobada en 2024, ampliando su alcance para incluir a todas las compañías tecnológicas de movilidad dentro del padrón oficial. Para operar legalmente, las empresas deberán inscribirse en el registro fiscal correspondiente del municipio. Este paso resulta indispensable para someter sus operaciones al control directo del Estado local y asegurar el cumplimiento de la normativa de tránsito vigente.
En materia de seguridad e idoneidad vehicular, la regulación impone requisitos estrictos a quienes busquen generar ingresos a través de las aplicaciones. Se exigirá a cada chofer contar con una licencia de conducir profesional y contratar una póliza de seguro específica para la actividad. Con esto se procura erradicar los vacíos de cobertura ante eventuales accidentes o siniestros viales.
Un modelo tarifario dinámico para el desarrollo de la economía urbana
El aspecto económico central de la iniciativa radica en la desregulación de las tarifas para las plataformas. Se establece un esquema flexible donde el valor del viaje no tendrá un tope máximo predeterminado, aunque sí fija un piso tarifario no menor al costo del boleto de colectivo urbano. Esta banda inferior evita la competencia desleal y el ahogamiento tarifario de los competidores.
Por el contrario, el esquema para el servicio de taxis tradicionales mantendrá su estructura histórica cuando el vehículo sea interceptado directamente en la vía pública. En ese escenario, el Concejo Municipal de Rosario continuará fijando el importe de la bajada de bandera y el valor de las fichas periódicas, preservando la certidumbre de precios para quienes prefieren la modalidad presencial convencional.
Para equiparar las condiciones del mercado y diversificar sus fuentes de ingresos, el proyecto introduce una modificación estratégica que habilita a taxis y remises a prestar servicios de repartos y logística liviana. De este modo, la flota tradicional podrá optimizar la capacidad ociosa de sus unidades mediante la oferta de envíos urbanos de paquetería cuando la demanda de pasajeros experimente caídas estacionales.
La confluencia de fuerzas políticas en el recinto rosarino anticipa un tratamiento ágil de la normativa. El bloque oficialista suma el respaldo de sectores como La Libertad Avanza, cuyo edil Juan Pedro Aleart presentó previamente un proyecto con orientación coincidente. El consenso emergente evidencia que la regulación del transporte colaborativo responde a demandas transversales del desarrollo productivo local.
El proceso de integración regulatoria exige que las empresas tecnológicas asuman compromisos tributarios y de fiscalización en la jurisdicción rosarina. La inscripción obligatoria en el registro municipal garantiza que los tributos generados por la actividad impacten de forma directa en las arcas públicas locales, contribuyendo a financiar la infraestructura vial y los sistemas de supervisión del transporte.
La transformación del ecosistema de movilidad en Rosario servirá como antecedente para otros centros urbanos de la región centro del país. La conurbación de la provincia de Santa Fe observa atentos la evolución de este marco, que promete equilibrar innovación tecnológica, protección de la fuerza laboral y libertad de elección para miles de ciudadanos que se desplazan a diario.
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