En Paraguay, la aplicación de un banco dejó de funcionar y, dos días después, su presidente anunció la renuncia. Entre una escena y otra quedaron millones de clientes sin acceso a sus cuentas, directivos detenidos y un oficialismo que le retiró el respaldo a su propio mandatario. Santiago Peña presentó este mediodía su dimisión, acorralado por el escándalo de Ueno Bank y el avance de un juicio político. En un mensaje grabado, invocó la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas.
La crisis también llegó a la Argentina. En Buenos Aires, una empresa tecnológica vinculada al grupo que controla el banco comunicó suspensiones sin sueldo, mientras trabajadores denunciaron que no habían cobrado los salarios de octubre. La operación local tiene más de 900 empleados: parte recibió la orden de dejar de trabajar durante un mes y otra parte fue instruida para continuar de manera remota.
El vínculo de Peña con la entidad explica buena parte del terremoto político. El mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia. A esa relación se sumó otra especialmente incómoda para el Gobierno: Carlos Carvallo, el presidente del Banco Central que debía supervisar al banco, había dirigido antes la financiera que le dio origen. Carvallo renunció el martes, a pedido de Peña, cuando estalló la crisis.
La ruptura decisiva ocurrió dentro del Partido Colorado. Las dos bancadas oficialistas anunciaron su respaldo a la acusación contra el mandatario y Horacio Cartes, expresidente, jefe partidario y principal sostén político de Peña, acompañó el proceso. La oposición ya había presentado el pedido de juicio político: el presidente se quedó sin la protección parlamentaria que necesitaba para resistir.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también reclamó su salida. La acusación parlamentaria incluía cuestionamientos por conflictos de intereses, manejo de recursos previsionales y presunto encubrimiento institucional relacionado con Ueno. El pedido había reunido 35 firmas en una Cámara de Diputados de 80 integrantes.
Qué pasó con Ueno Bank
El punto de quiebre llegó el martes 3 de noviembre. El Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida interrumpió las operaciones: dejaron de funcionar la aplicación, las tarjetas y los demás servicios. Los clientes quedaron sin posibilidad de disponer normalmente de sus fondos.
La solvencia mide el respaldo patrimonial con el que una entidad puede afrontar pérdidas. En este caso, el problema estaba asociado a la calidad de los activos y a operaciones crediticias con empresas relacionadas con los propietarios del banco. La investigación del regulador detectó incumplimientos y un deterioro de los indicadores financieros que desembocaron en la intervención.
La dimensión de Ueno ayuda a entender la conmoción: declaraba 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. No significa que todas esas personas tuvieran ahorros por el mismo monto, pero sí muestra cuánto había penetrado la entidad en la vida cotidiana paraguaya.
La interrupción alcanzó pagos de salarios, compras, transferencias y gastos corrientes. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay advirtió que, según sus registros, dos de cada tres operaciones electrónicas de las multitiendas se realizaban mediante cuentas de Ueno. Su preocupación era que el bloqueo de los medios de pago frenara las ventas y se trasladara a los proveedores.
Tampoco se trataba únicamente de depósitos particulares. El banco administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. La presencia de recursos estatales y previsionales convirtió la intervención en un conflicto que excedía ampliamente a sus accionistas y clientes privados.
Entre los afectados figuraban unos 32.000 pensionistas del Instituto de Previsión Social. Esa institución mantenía aproximadamente US$355 millones en la entidad, según los datos publicados por Infobae al conocerse la intervención.
Los préstamos bajo investigación y el pedido de prisión
La Fiscalía pidió prisión preventiva para Miguel Vázquez, uno de los fundadores y principales accionistas de Ueno, y arresto domiciliario para otros siete directivos y ejecutivos. Los ocho habían quedado detenidos en el marco de la causa. En total, el Ministerio Público informó la imputación de 27 personas por presuntas irregularidades financieras.
La investigación examina préstamos y sobregiros otorgados durante 2025 y 2026 a empresas del mismo grupo económico. Según la hipótesis fiscal, esas operaciones no reunían las condiciones habituales de evaluación y análisis del riesgo crediticio. Entre quienes comparecieron ante el Ministerio Público estaba también Juan Manuel Gustale, presidente del directorio del banco.
Una de las operaciones investigadas resulta particularmente llamativa: la venta de una cartera de créditos por US$74,4 millones a Vinanzas. También se analizan desembolsos a Mowi, Grupo Hendy y Grupo M por unos 743.784 millones de guaraníes, presuntamente otorgados sin garantías suficientes, y movimientos de dinero entre compañías relacionadas.
Para solicitar la prisión preventiva de Vázquez, los fiscales alegaron riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación. Además, reclamaron restricciones para salir del país, garantías e inmovilización de bienes y cuentas de los investigados. Las acusaciones son provisionales y las medidas solicitadas deben ser evaluadas por el juzgado competente.
El expediente también alcanzó al mandatario. Este jueves, el fiscal general Emiliano Rolón confirmó la inclusión de Peña en la investigación y la derivación de una denuncia contra él a la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción para examinar posibles responsabilidades.
El golpe en Buenos Aires
La conexión argentina pasa por ITTI, la compañía de servicios tecnológicos vinculada al grupo empresario, que opera localmente mediante Kaitel SRL Sucursal Argentina. Su oficina está en el barrio porteño de Belgrano, y su estructura participa en el desarrollo y soporte de los negocios digitales del conglomerado.
En los correos enviados al personal, la empresa atribuyó las dificultades a la intervención de Ueno y a las restricciones sobre sus mecanismos de financiamiento. Una de las comunicaciones estableció suspensiones sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre. Trabajadores consultados por Infobae denunciaron, además, la falta de acreditación de los salarios que esperaban cobrar.
Las medidas no fueron iguales para toda la plantilla. Según los mensajes internos, algunos empleados recibieron instrucciones para mantener sus tareas de manera remota, mientras otros fueron suspendidos. El medio situó en 943 personas la dotación afectada por la incertidumbre sobre la continuidad de la operación argentina.
Los testimonios también describen una modalidad de remuneración dividida: una parte en pesos, registrada en el recibo de sueldo, y otra en dólares mediante una plataforma de pagos del exterior. A los reclamos por los salarios de octubre se sumaron las dificultades para obtener respuestas de los responsables de la compañía.
Qué pasa con los ahorros y las inversiones
Antes de renunciar, Peña había intentado contener la crisis con cambios en el Banco Central y un mecanismo para acelerar la devolución de depósitos. El miércoles anunció la designación de Raúl Vera Bogado al frente del organismo y sostuvo que la iniciativa de protección permitiría cubrir al 98% de los ahorristas afectados, con la intención de comenzar los pagos esa misma semana.
La garantía de depósitos contempla un límite de 75 salarios mínimos por persona y entidad, equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente US$38.000, según las cifras difundidas durante la crisis. Ese límite es relevante para quienes tenían saldos superiores: la cobertura no equivale a una devolución automática e íntegra de todos los fondos depositados.
El impacto también alcanzó al mercado de capitales. La Superintendencia de Valores suspendió la oferta pública y la negociación de los títulos emitidos por Ueno, incluidos bonos que habían sido colocados originalmente por Visión Banco. Los pagos de intereses y amortizaciones quedaron sujetos al procedimiento de resolución y al orden legal de cobro.
Por separado, el regulador dispuso una suspensión temporal de los retiros de fondos mutuos con inversiones vinculadas a Ueno y anunció su reanudación gradual a partir del jueves 5, según los criterios de cada administradora. La medida no incluyó a todos los fondos del mercado ni implicó su liquidación: cada uno conserva un patrimonio separado del banco y de su administradora.
