Por la caída de un sicario con armas de fuego y una moto robada ocurrida en octubre del año pasado, la Justicia provincial logró avanzar hacia la violenta estructura criminal de la que formaba parte. Se trata de la banda dirigida desde prisión por Alejandro Núñez, alias "Chucky Monedita", que se dedica a balaceras, usurpaciones, amenazas y homicidios. También a narcotráfico, de acuerdo a las conversaciones entre los integrantes, aunque esa tarea investigativa no fue revelada –pese a corresponderle por competencia– por la Justicia federal. Once personas fueron acusadas –cuatro están en la cárcel– por el fiscal Pablo Socca por asociación ilícita, entre ellas, un taxista que hizo tareas de inteligencia para asesinar a un testigo protegido de la causa de Esteban Alvarado.

El juez Facundo Becerra dictó este lunes a la noche la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para todos los imputados de la banda dirigida por "Chucky Monedita", un interno de 25 años del pabellón 4 de Piñero.

Jonatan Ribles, sicario de la banda de "Chucky Monedita", fue la punta del ovillo para la unidad fiscal de balaceras liderada por la fiscal Valeria Haurigot. El gatillero de 28 años cayó detenido el 28 de octubre del año pasado con una moto robada, un celular y dos pistolas. Antes de ser arrestado, pasó 48 horas intentando matar a Carlos A., imputado en la causa de Alvarado y testigo protegido en la misma investigación. 

Del celular secuestrado al sicario, el fiscal Socca encontró un mapa de la banda que integraba. Llamativamente, el sicario comenzó a usar ese teléfono diez días antes de ser detenido y lo hizo de una manera muy activa durante todo ese tiempo con varios miembros de la organización y con conversaciones explícitas sobre los planes delictivos, que iban desde robar, usurpar o realizar una balacera por 3 mil pesos, hasta asesinar a Carlos A. a cambio de dinero. Lo llamativo es porque los gatilleros suelen cambiar más rápido de línea telefónica para obstaculizar persecuciones penales. Este no fue el caso; lo utilizó durante mucho tiempo y dejó toda la evidencia en el dispositivo

Por la pericia del celular de Ribles, el fiscal Socca detectó que protagonizó cinco balaceras para una banda y que fue el gatillero que debía ejecutar a tiros al testigo de la causa de Alvarado. Una de las líneas investigativas es que el crimen fue encargado por Mauricio Laferrarasicario de Alvarado– a "Chucky Monedita", con quien comparte el pabellón 4 de la cárcel de Piñero.

De acuerdo a las tareas investigativas, Chucky Monedita es el líder. El resto cumple un rol específico, que va desde la venta de droga en búnkeres, otros que manejan los vehículos desde los que se cometen los ataques hasta quienes jalan los gatillos de las poderosas armas. Otros de los sicarios –que ya estaba preso– identificado como Nahuel Riveros le envió videos a su pareja con una pistola, una ametralladora con mira telescópica y fajos de billetes

Cada uno de los miembros de la temeraria banda


La evidencia del fiscal Socca abarca a once personas: Alejandro Isaías Núñez –"Chucky Monedita"–; Tamara Ayelén Muñoz; Jonatan Ribles; Abel Bertoni; Nahuel Sebastián Riveros; Gianfranco Giglione; Cristian Oscar González; Diego Fernando Romero; el taxista Jorge Inocencio Ojeda; Florencia Aguirre; y Mara Carolina Tedesco. Otros tres integrantes están identificados, pero permanecen prófugos. Los apellidos de los acusados fueron colocados en la nota porque ya habían sido expuestos públicamente o porque ya fueron condenados por otros delitos que más abajo se detallan (ver siguiente subtítulo).

El fiscal atribuyó a "Chucky Monedita", de 25 años, la jefatura de la asociación ilícita, haber ordenado balaceras al testigo de Carlos A.; otra en la que resultó herido Lucas S., conocido en la zona sur de Rosario; y otros ataques a organizaciones "rivales" en su territorio, que sería en barrio Tablada. Según la acusación, se encargó de elegir los gatilleros, los vehículos, los lugares donde se escondían las armas y autorizó los pagos para esos "trabajos" más los "gastos" que acarrearon los planes criminales. También fue el organizador y administrador de los búnkeres de venta de droga.

Tamara Ayelén Muñoz, conocida como "Mona" o "Aye", era la encargada de controlar la recaudación del dinero producto de la venta de estupefacientes, según el fiscal Socca. Era quien recibía el dinero personalmente y luego se lo entregaba periódicamente al sicario Jonatan Ribles. También su rol consistía en guardar vehículos, armas y municiones en su casa, y los entregaba para la comisión de delitos. Se la acusó además por la tenencia ilegal de una pistola semiautomática calibre 380 encontrada en los allanamientos de la semana pasada.

Ribles, eje de la audiencia y de la investigación, se lo imputó por intentar matar a Carlos A. vestido con mameluco de Aguas Provinciales. Además, se lo acusó por estar "un escalón por arriba" del resto de los miembros de la organización, oficiando de nexo entre Chucky Monedita y los otros

El sicario, para el fiscal, gestionaba la usurpación de casas para la instalación de quioscos de droga y planeaba robos para la obtención de dinero necesario para el funcionamiento de la estructura delictiva. También su función era "conseguir soldaditos" y generalmente mujeres para atender los búnkeres. Rendía cuentas a Tamara Muñoz y a Chucky Monedita del dinero recaudado. A su vez, escondía autos, motos, armas en distintos domicilios para usarlas en delitos.

A Abel Bertoni, alias "Barba", se le atribuyó participar de balaceras con Ribles. Era quien manejaba los vehículos y luego los escondía una vez cometidas los delitos. Su rol incluía conseguir municiones y ocultar armas en su casa.

A Nahuel Sebastián Riveros se lo imputó como autor de balaceras para la asociación ilícita a cambio de plata y como soldadito, encargándose de "custodiar" los quioscos de droga para evitar "imprevistos" con los consumidores. En su domicilio ocultó armas como pistolas y ametralladoras (constan en imágenes) y motos usadas para los ataques.

De acuerdo a la evidencia de Fiscalía, Nahuel Riveros llevaba a cabo la tarea de obtener imágenes de redes sociales de bandas rivales y aportaba datos para futuros atentados.

Cristian González, alias "Chimy", fue acusado de ser ladero y encubridor de Ribles, ya que ayudó a ese sicario a ocultarse en su domicilio después de que hiciera atentados. En esa cobertura está incluida Florencia Aguirre, pareja del tiratiros, quien escondía y trasladaba armas y se dedica a la venta de droga en los búnkeres. Para Fiscalía, era quien armaba las bochas de cocaína para la venta, recibía dinero y luego lo rendía a su novio. 

Otra imputada por atender búnkeres fue Mara Carolina Tedesco, a quien se le atribuyó el armado de bochas de cocaína para la venta, administrar dinero y rendirlo posteriormente a Ribles.

Diego Fernando Romero, alias "Diego negro", fue imputado por participar en balaceras junto con el sicario Jonatan Ribles a cambio de plata.

En tanto, el taxista Jorge Inocencio Ojeda –ya acusado por hacer inteligencia para matar a Carlos A., testigo protegido de la causa Alvarado– le ampliaron la imputación como parte de la organización. 

El chat de Whatsapp entre el taxista el sicario Ribles

Antecedentes condenatorios


El sicario Jonatan Ribles tiene una condena de 6 años y 8 meses de prisión del Juzgado en lo Penal de Sentencia Nº 6 del 16 de abril de 2012 por robo calificado y portación de arma de fuego. La pena venció el 5 de abril de 2018. 

Alejandro Núñez, alias "Chucky Monedita", fue condenado por un Juzgado de Menores el 7 de agosto de 2017 a la pena de 15 años y 6 meses de prisión por un homicidio agravado en grado de tentativa. La resolución vence el 23 de noviembre de 2028.

Tamara Ayelén Muñoz recibió la pena de 2 años y 4 meses de prisión por el delito de lesiones graves. Fue a través de un juicio abreviado que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2017. La resolución venció el 26 de septiembre de 2018.

Cristian Oscar González fue condenado el 3 de febrero de 2009 a un mes de ejecución condicional por robo simple por el Juzgado de Sentencia Nº 3. 

Diego Fernando Romero recibió el 21 de mayo de 2009 la pena de 1 año y 6 meses de prisión por el Juzgado de Sentencia Nº 6 por robo. Y el 15 de diciembre de 2016, 4 años de prisión por robo calificado por el Juzgado de Sentencia Nº 3.