Siete personas de la banda del “Gordo Dani”, entre ellas el propio líder Héctor Daniel Noguera, fueron acusadas este miércoles por una gran cantidad de extorsiones y balaceras realizadas en Villa Gobernador Gálvez. Según imputaron las fiscales, el jefe de la presunta organización hacía daba las órdenes desde el teléfono fijo del pabellón de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.

La audiencia se realizó durante el martes y parte del miércoles. La acusación estuvo a cargo de las fiscales Valeria Haurigot y Lorena Aronne, quienes acusaron a Héctor Daniel Noguera (29 años), alias “Gordo Dani”, como el jefe de la organización dedicada –entre otras cosas– a extorsiones en la vecina ciudad. También a su mano derecha Rodrigo Benítez (29 años), con quien comparte el mismo pabellón 27 de Piñero.

El resto de los imputados fueron Emanuel Ignacio Florentino (24), Ezequiel David Merlo (20), Nahuel Gastón Landriel (20), Germán Ariel Fajardo (42) y Rocío Isabel Tabares (24).

El inicio de la causa se enmarcó en la disputa entre las dos bandas antagónicas de Villa Gobernador Gálvez: la del “Gordo Dani” por un lado y la de Ariel Carlos “Jerry” Gaeta por el otro. De hecho, por el crimen de “Jerry” la Tropa de Operaciones Especiales capturó a Noguera.

El 14 de febrero de 2020, según la imputación, empezó una escalada de violencia. La banda de Noguera disparó contra la casa de la pareja de una familiar de “Jerry” e hirió a una joven. A ese hecho le sucedieron los crímenes de Sebastián Martín Bertón (19/2/20); el doble homicidio de Ariel “Jerry” Gaeta y Rodríguez Fernando Gaspar (4/8/20); el de Mauricio Frega (31/8/20); y el de Rodrigo Carlos Sánchez (19/3/20), sindicado como “mano derecha” de Esteban Lindor Alvarado.

Bajo la suposición esbozada por las fiscales, el asesinato de Rodrigo Sánchez se presume que fue en venganza a una balacera contra Mariana Ortigala, una testigo de la causa Alvarado. Dicho ataque habría sido perpetrado por Los Monos a través del “Gordo Dani”.

El dato llamativo de la audiencia fue que las fiscales Haurigot y Aronne afirmaron que Noguera y su mano derecha Benítez (alias “Zepe”) dieron las órdenes de usurpaciones, balaceras y extorsiones desde el teléfono fijo del módulo C del pabellón 27 de Piñero, donde se encuentran alojados los internos de “alto perfil”.

Los integrantes y los roles

A David Merlo lo acusaron de ser un “miembro con un rol determinante” dentro de la banda, ya que sería el encargado de la venta de estupefacientes y su recaudación. El recluso se encontraba ya preso en Piñero por los crímenes de Gaeta y Rodríguez.

Merlo también está sospechado de haber instigado a personas a dejar notas extorsivas en distintos domicilios, de mandar a concretar balaceras, de usurpar propiedades o robar pertenencias de distintas casas.

Gastón Landriel, alias “Gordito”, fue imputado como miembro de la presunta organización, respondiendo órdenes de Noguera, Benítez y Merlo para organizar extorsiones y balaceras.

Rocío Tabares en tanto fue acusada de cumplir la función de redactar las notas extorsivas, de vender droga, de cobrar las extorsiones y la comercialización de estupefacientes. A su vez, está bajo sospecha de ocultar elementos como celulares y bochitas de droga.

Germán Fajardo, alias “El viejo”, fue acusado de ser quien dejaba las notas extorsivas escritas por Tabares y ordenadas por Merlo. También era quien hacía comunicar a las víctimas con Merlo a través de celulares.

A Emanuel Florentino fue otra de las personas acusadas de dejar las notas intimidatorias en los domicilios que ordenaban sus superiores en la estructura delictiva.

Las fiscales aseveraron que en total tienen bajo el radar a unas 20 personas que conforman la presunta asociación ilícita.

Cada una de las extorsiones

Uno de los hechos fue a través de Facebook. Mediante un usuario de Facebook llamado “Estubandido”, se comunicaron con una mujer para obligarla a entregar 100 mil pesos más un televisor Smart, caso contrario aseguraron que la iban a matar. La víctima, en efecto, entregó un Samsung A10 como modo de pago el 10 de octubre pasado en Villa Gobernador Gálvez a un sospechoso armado que se retiró en un remis.

El segundo fue más directo. Un integrante de la organización se dirigió a un domicilio y le hizo escuchar a la víctima un mensaje de voz de un preso de Piñero que decía: “Tenés que pagar o te vamos a tirotear la casa”. Además, le dejaron una nota intimidatoria. La víctima dio 50 mil pesos 8 de noviembre pasado.

El tercero fue el 22 de enero pasado a la madrugada, cuando dejaron notas acompañadas de proyectiles en una casa y adjuntaron un número para comunicarse. Las víctimas entregaron horas después una moto Yamaha XTZ en 17 de Octubre y Maipú (VGG).

En el cuarto caso, David Merlo amenazó el 25 de enero pasado a una persona a través de Whatsapp al decirle: “Te voy a matar, tengo fotos tuyas y de tu casa, conozco tus movimientos. Esta noche paso y te cago a tiros tu casa. Devolveme lo que me deben si no querés pagar el pato”.

Merlo vuelve a figurar en el quinto hecho, del 28 de enero pasado, cuando mediante Whatsapp le comentó a una persona “Contestá el mensaje que te dejamos en la puerta”. Luego le agregó que pague o le “agarraban a tiros el local”.

En el sexto caso intimidatorio, del 30 de enero pasado, amenazaron a dos personas con dos notas que decían “Si no te comunicás conmigo te vamos a tocar a tu hijo o a tu marido. Te vamos a cerrar el local. La próxima tiro”. El teléfono adjuntado era el de Merlo.

El séptimo ocurrió el 8 de febrero a la tarde. Germán Fajardo llegó a un domicilio en una bicicleta playera y ante la negativa de ser recibido se dirigió al local comercial de la misma persona, donde deja a una empleada una nota que ordena comunicarse a un número de teléfono, caso contrario iban a “cerrar el comercio”.

El último hecho fue el 21 y 22 de febrero. Primero se dejaron dos notas donde se ordenaba comunicarse de forma “urgente” con el teléfono de Merlo y después se dio un “último aviso o plomo”. En esos papeles se dejó el número del preso David Merlo, y al día siguiente el propio recluso llamó a la víctima para exigirle 200 mil pesos o en su defecto su casa. La víctima abandonó su propiedad por temor.