Las cuatro cadenas agroindustriales cerraron el año con un mensaje dirigido al Gobierno y al Congreso: los avances registrados durante 2026 deben transformarse en políticas sostenidas en el tiempo para que la producción, la inversión y el agregado de valor puedan proyectarse a largo plazo. La agenda incluye una ley que establezca un sendero cierto para eliminar los derechos de exportación, incentivos para la nutrición de los suelos, apertura de mercados, reglas para el desarrollo tecnológico y mayor acceso al crédito.
El planteo parte de una premisa: las decisiones productivas y las inversiones agroindustriales no se toman para una sola campaña. Un silo, una planta de procesamiento, un sistema de riego o una inversión en tecnología requieren previsibilidad durante años. Por eso, las cuatro cadenas propusieron que las coincidencias alcanzadas con las autoridades se conviertan en reglas duraderas.
“Lo que hoy proponemos tiene que ver con lo que dura más que una cosecha: el suelo, el productor, las reglas claras y estables, la confianza de quienes nos compran y el arraigo de las personas que eligen quedarse en el interior”, sintetizaron en el encuentro de cierre de año.
Retenciones: una ley para garantizar el camino hacia la eliminación
La primera propuesta apunta a consolidar el sendero de reducción de los derechos de exportación y establecer un horizonte cierto para su eliminación.
Las cadenas consideran que el cronograma vigente debe mejorarse y quedar respaldado por una ley que defina alícuotas y fechas concretas. El objetivo es evitar que las inversiones agropecuarias queden expuestas a cambios discrecionales en la política tributaria.
El planteo reconoce que la reducción de impuestos debe sostenerse con equilibrio fiscal, pero advierte que las retenciones afectan la rentabilidad, la capacidad de inversión y la competitividad, especialmente en las regiones más alejadas de los puertos.
“La soja, con la alícuota más alta, es la que más carga con ese peso”, señalaron.
La propuesta también involucra a provincias y municipios. Las cadenas pidieron que acompañen el sendero de reducción impositiva para evitar que los alivios en un nivel de gobierno se compensen con nuevas cargas en otro. Además, reclamaron inversiones en caminos rurales, una infraestructura clave para sacar la producción.
Biocombustibles: más cortes y reglas que permitan invertir
La agenda también incluye una actualización de la política de biocombustibles. Las cadenas plantearon que el marco regulatorio vigente, que vence en 2030, no ofrece el horizonte necesario para inversiones que requieren varias décadas de funcionamiento.
El pedido es que la Cámara de Diputados avance con el debate legislativo y adopte mayores porcentajes de mezcla de bioetanol y biodiésel, en línea con los niveles que ya votó el Senado.
El argumento apunta tanto a la generación de demanda para los productos agrícolas como al desarrollo industrial, la diversificación energética y la creación de oportunidades en las economías regionales.
Crédito a diez años y una ley nacional para fitosanitarios
La previsibilidad tributaria debe complementarse con financiamiento de largo plazo. Las cuatro cadenas reclamaron multiplicar las líneas públicas de crédito a diez años destinadas a equipamiento e infraestructura agropecuaria, mientras el sistema bancario privado comienza a extender sus plazos.
También propusieron identificar los costos y requisitos que todavía limitan el acceso de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias al mercado de capitales.
En paralelo, plantearon la necesidad de una ley nacional que establezca requisitos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, basada en evidencia científica. El objetivo es contar con una base regulatoria común en todo el país que brinde certidumbre tanto a los productores como a las comunidades cercanas a los establecimientos agrícolas.
Nutrición de suelos: incentivar la reposición de nutrientes
La segunda gran propuesta está vinculada con la conservación de la capacidad productiva de los suelos. Las cadenas destacaron que ocho de cada diez hectáreas agrícolas se siembran bajo sistemas que no remueven la tierra, pero advirtieron que la reposición de nutrientes continúa por debajo de las necesidades de los cultivos.
Para revertir esa situación, propusieron una ley de nutrición de suelos que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas mediante incentivos fiscales.
El diagnóstico es que los derechos de exportación reducen la relación entre el valor de los granos y el costo de los insumos, dificultando la inversión en fertilización. A esa ecuación se suman otros impuestos y los costos logísticos.
La iniciativa busca generar un círculo virtuoso: mejorar la nutrición de los cultivos, elevar los niveles de producción y preservar la salud del suelo en el largo plazo.
La propuesta, que ya cuenta con antecedentes de debate en el Congreso y acuerdos entre distintos bloques, podría acompañar el proceso de reducción de las retenciones hasta su eliminación.
Mercados: abrir destinos y defender las exportaciones
La tercera propuesta apunta a fortalecer el acceso de los productos argentinos a los mercados internacionales. Las cadenas consideran que la calidad, la trazabilidad y la confianza son factores determinantes para sostener y ampliar las exportaciones.
En ese sentido, reclamaron aprovechar la información que el país ya posee sobre sus sistemas productivos y proteger los datos de los productores frente a las nuevas exigencias ambientales y comerciales.
El planteo cobra relevancia frente a la normativa europea sobre deforestación y otras regulaciones que condicionan el ingreso de productos. Las cadenas sostuvieron que los estándares basados en evidencia científica deben cumplirse, pero que aquellos que carecen de sustento técnico pueden convertirse en barreras comerciales.
Por eso, pidieron continuar las negociaciones para que la Argentina sea reconocida como un país de bajo riesgo ambiental y que se utilicen los mecanismos previstos en los acuerdos comerciales para responder ante exigencias que no tengan respaldo científico.
También propusieron acordar con los compradores mecanismos para acreditar prácticas que el agro argentino ya desarrolla, como la siembra directa, las rotaciones y la captura de carbono en los suelos.
Más agregadurías agrícolas y destinos para productos argentinos
La apertura de mercados es otro de los puntos centrales. Las cuatro cadenas reclamaron ampliar la red de agregadurías agrícolas y profundizar el trabajo conjunto entre la diplomacia y el sector privado para abrir destinos para granos, harinas, aceites, carnes y alimentos elaborados.
El sorgo aparece entre los productos que necesitan diversificar sus compradores, debido a su dependencia de pocos mercados.
Además, plantearon acelerar la aprobación internacional de eventos biotecnológicos. Si bien la Argentina estableció plazos máximos para evaluar nuevas tecnologías, en algunos países compradores esos procesos pueden demorar varios años.
La diferencia entre los tiempos de aprobación puede restringir el acceso de los productores a innovaciones que ya están disponibles localmente. El problema adquiere relevancia en el caso del maíz, donde el control del gusano cogollero requiere nuevas herramientas tecnológicas.
Las cadenas pidieron participar como observadoras en las negociaciones bilaterales sobre biotecnología y acompañar las gestiones para que las innovaciones aprobadas en el país puedan llegar al productor sin demoras prolongadas.
Semillas y conocimiento: cerrar la brecha de productividad
La cuarta propuesta se concentra en la investigación, el desarrollo y la innovación. Las cadenas señalaron que los avances de productividad se originan en la articulación entre laboratorios, ensayos a campo, criaderos, universidades, institutos públicos y empresas.
Según los estudios citados durante el encuentro, la Argentina cosecha entre seis y siete de cada diez toneladas que potencialmente podrían producir sus suelos y condiciones climáticas. La brecha, sostuvieron, puede reducirse mediante la incorporación de conocimiento y tecnología.
En soja y trigo, el mejoramiento genético requiere reglas claras sobre propiedad intelectual. Por eso, propusieron que la mesa de trabajo sobre semillas convocada por el Gobierno alcance acuerdos en el corto plazo que incentiven la inversión y, al mismo tiempo, aseguren el acceso del productor a las nuevas tecnologías.
El planteo busca evitar que la discusión regulatoria se prolongue y termine afectando la competitividad del sistema productivo.
Una agenda común para 2027
La quinta propuesta apunta a transformar los planteos presentados en una agenda concreta de trabajo con la Secretaría, otras áreas del Gobierno y las provincias.
Las cadenas reclamaron definir pocas prioridades, con responsables, fechas y mecanismos de seguimiento compartidos. La intención es que los acuerdos alcanzados durante el año no queden únicamente en declaraciones, sino que tengan un proceso de implementación verificable.
El pedido resume el mensaje central del cierre de año: avanzar en políticas que permitan planificar, invertir y producir con reglas estables.
El impacto en el interior productivo
Las cuatro cadenas recordaron que el sistema agroindustrial abarca casi 39 millones de hectáreas y genera cuatro de cada diez dólares que exporta la Argentina, además de sostener una parte importante del empleo y la actividad económica del interior.
El agregado de valor, remarcaron, no consiste solamente en transformar materias primas, sino en responder a las necesidades de los consumidores y construir vínculos comerciales sostenibles.
En ese esquema, cada molino, frigorífico, aceitera, planta de alimentos balanceados o industria de biocombustibles representa empleo, ingresos e impuestos que permanecen en las comunidades donde se produce.
El cierre del mensaje fue una reivindicación del desarrollo territorial y del arraigo. “Cuando las reglas duran, un joven puede proyectar su vida en el interior”, plantearon.
La hoja de ruta que las cuatro cadenas quieren llevar adelante combina reducción de impuestos, cuidado del suelo, apertura de mercados, innovación y financiamiento. El desafío ahora será convertir esas propuestas en decisiones concretas que acompañen las inversiones y permitan que el potencial productivo argentino se traduzca en más actividad, empleo y valor agregado.
