Cada 6 de noviembre, Naciones Unidas recuerda que el ambiente también es una víctima de las guerras. La fecha se instauró en 2001 y busca visibilizar un costo que casi nunca aparece en el balance de ningún conflicto armado.
El origen remite a la guerra de Vietnam, cuando el uso masivo de herbicidas como el agente naranja arrasó selvas enteras durante años. Aquel precedente convenció a la ONU de que la naturaleza necesitaba su propia fecha de advertencia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo resumió con una frase que podría estar en cualquier informe de riesgo corporativo: "demasiadas veces, el ambiente es una víctima más de la guerra, por destrucción deliberada o como daño colateral".
Ucrania calculó el daño ambiental de la invasión rusa en decenas de miles de millones de dólares: suelos contaminados, bosques incendiados, cursos de agua envenenados. La cifra oficial crece cada año y todavía no incluye el costo completo de la reconstrucción ecológica.
Esa factura abre, de paso, un negocio que pocos empresarios miran todavía: la ingeniería ambiental, la remediación de suelos y el tratamiento de agua se vuelven infraestructura crítica apenas cesa el fuego, con licitaciones que se cuentan en miles de millones.
Ese daño tampoco se queda adentro de las fronteras del país en guerra. Cuando un conflicto arruina tierra fértil o corta una ruta de exportación, el escenario global de energía y granos se reacomoda entero.
Ahí empieza a jugar el Gran Rosario, que exporta harinas, aceites y cereales a más de cien países. Cada vez que una guerra lejana frena una cosecha o encarece un barril, el puerto local gana un lugar en la mesa de precios mundial.
Esa volatilidad viene de la mano de episodios como la escalada geopolítica que empuja al petróleo, donde cada nuevo foco de tensión se traduce casi de inmediato en flujos de capital que buscan refugio.
Por eso reaseguradoras, fondos y organismos multilaterales empezaron a tratar la destrucción de bosques, suelos y cuencas como un riesgo financiero más, con metodologías propias de contabilidad de capital natural que todavía están en construcción.
En la región, ese razonamiento ya tiene traducción concreta: el suelo pasó a valorarse como un activo que, según el proyecto, puede pagar hasta cien dólares por hectárea en créditos de carbono.
También hay proyectos que buscan desarrollar un mercado de carbono propio, pensados para poner precio justamente a lo que una guerra destruye sin pagar nada a cambio.
La inteligencia artificial sumó una pieza clave en todo esto: imágenes satelitales interpretadas por algoritmos permiten medir casi en tiempo real la deforestación, la contaminación de un río o el impacto de un bombardeo sobre un campo cultivado.
Es la misma tecnología que el agro de la región ya usa para monitorear sus propios cultivos, lo que abre una puerta de doble uso: las firmas de agtech locales podrían exportar ese conocimiento a la medición de daño ambiental en zonas de conflicto.
Esa capacidad de medición alimenta otro debate de fondo: una coalición de países impulsa en la Corte Penal Internacional que el ecocidio se convierta en un quinto crimen de guerra, junto al genocidio y los crímenes contra la humanidad.
Si esa reforma avanza, empresas de energía, minería y defensa que operan en zonas calientes empezarían a enfrentar responsabilidades ambientales con el mismo peso legal que hoy tienen los crímenes contra personas.
Eso ya inquieta a estudios jurídicos y aseguradoras internacionales, que empiezan a revisar pólizas de riesgo político y responsabilidad ambiental pensadas para operaciones en países con conflictos activos o latentes.
Para quien gestiona una exportadora, una cartera de inversión o un seguro de cosecha, el costo ambiental de una guerra lejana dejó de ser un dato de color: empieza a verse, cada vez más, en el precio de los commodities y del riesgo.
