El fiscal que investiga la resonante causa contra dos policías acusados de amenazar, golpear y robarle dólares a un transeúnte señaló que esa misma dupla de uniformados ya tenía antecedentes con la misma modalidad. Se refirió a un legajo penal abierto en julio, cuando fueron denunciados por un motociclista al que intentaron sacarle dinero y terminaron agrediéndolo.
Tras las escandalosas imputaciones contra los suboficiales del Comando Radioeléctrico Gustavo Blanco (32) y Ainara Velázquez (23) por amenazas, robo y privación ilegítima de la libertad a un joven que caminaba cerca del parque Scalabrini Ortiz donde fue sometido a “una identificación de rutina” la semana pasada, el fiscal José Luis Caterina amplió que el binomio ya contaba con una causa en trámite con un modus operandi similar, que no llegó tan lejos.
“Encontramos una causa que tenía características similares, con menos cuota de violencia, en julio. Le tratan de sacar dinero a un motociclista en un contexto de identificación; esta persona se resiste –le habían sacado un vuelto de 600 pesos–; lo reclama y logra que se lo devuelvan. El policía Gustavo Blanco le pega una cachetada y le dice que se vaya”, relató Caterina en el programa El mejor día de la semana (Radio 2).
Al igual que ese episodio de hace dos meses, el nuevo caso "es azaroso”, dijo el investigador sobre la imputación reciente que dejó en prisión preventiva a los uniformados. Explicó que llegaron a esa conclusión luego de superar la “cuota de escepticismo” que despiertan todas las denuncias de este tipo, ya que –advirtió– “muchas veces creemos que muchas de las víctimas están vinculadas al delito”.
En el momento en que la víctima –identificada como F.C.– fue interceptada en Francia y Caseros, tenía DNI. Al exigir alguna explicación –ya que lo requisaron intempestivamente, con violencia e insultos y le colocaron las manos sobre el patrullero–, “enseguida ocurre una deriva a la violencia por parte del masculino e insultos de la femenina”, confió el fiscal, refiriéndose a la aplicación de llaves y luego esposas.
Como publicó Rosario3, lo que siguió esa noche fue una verdadera pesadilla para la víctima: tras el control callejero, en medio de golpes y amenazas, fue subida a un patrullero y trasladada a un callejón oscuro frente a la ex fábrica Minetti. Allí, por miedo y para escapar del hostigamiento, terminó ofreciendo dinero. Finalmente, el patrullero lo llevó hasta su casa en el centro, donde los uniformados le sustrajeron nada menos que 28 mil dólares bajo amenaza de muerte. Nada de esa hoja de ruta criminal quedó formalizada, aunque sea falsamente, en un acta de procedimiento.
Respecto de la aptitud psicológica de los uniformados, Caterina indicó que la fiscalía solicitó análisis toxicológicos para corroborar si consumen drogas.
“Soy un fiscal que insiste mucho en la importancia de que los funcionarios públicos estemos periódicamente sometidos a este tipo de pruebas, pero en particular los efectivos policiales sospechados de hechos graves. La víctima F. C. insistió en que no podía hablar, porque sentía que no había racionalidad de la otra parte, que podían sentirse provocados y que estaban «como sacados». Eso puede compadecerse o no con algún tipo de consumo”, sostuvo.
El jueves, frente al juez Hernán Postma, las defensas de Blanco y Velázquez plantearon cuestiones de salud mental a tener en cuenta, aunque no señalaron problemas de consumo problemático.
Sin embargo, el fiscal remarcó que existe una “situación reiterada” respecto de la sospecha de consumo de cocaína en delitos policiales: “Hay mucho acceso a sustancias por parte de cualquier ciudadano; imaginate un policía que está requisando a todo el mundo”. Y agregó: “Hay una baja en la violencia altamente lesiva, pero no sé si hay una baja del consumo; quizá sea lo contrario”.
Finalmente, aclaró que la mayoría de las causas penales que se les siguen a policías de calle por robos, falsedad ideológica y otros delitos cuentan con “inteligencia previa”, a diferencia del caso de F.C. En esos legajos se investiga una planificación mayor y se denuncian allanamientos ilegales realizados bajo excusas como “una persecución” o “una persona vista con un arma” –la clásico invocación de un hecho en flagrancia–, datos falsos que luego se vuelcan en las actas de procedimiento.
