La Justicia local imputó a los cuatro sindicalistas que bloquearon los ingresos a las plantas del Grupo Razzini, y a dos de ellos también les achacó haber amenazado a sus directivos. Estos últimos enfrentan una condena que tiene una expectativa máxima de pena de cinco años.

Esta semana se realizó audiencia imputativa en libertad a A M.O. de 42 años, V.M.K. de 42 años, G.E.C. de 50 años y D.W.B. de 28 años por los delitos de turbación de la posesión en calidad de coautores, es decir, por impedir la libre disponibilidad de la cosa (en este caso de las plantas, impidiendo el normal ingreso y egreso).

Además a G.E.C. y V.M.K. El fiscal Mariano Ríos les atribuyó el delito de amenazas simples, luego de que realizaran múltiples escraches y amedrentamientos a los directivos del grupo. De hecho, uno de ellos tuvo que mudarse por temor a represalias, lo que dio pie al pedido de que la imputación sea por amenazas agravadas.

No obstante el juez convalidó el pedido del fiscal. En el caso de la turbación de propiedad las penas van de seis meses a tres años de prisión, mientras que amenazas simples van de seis meses a dos años. Es decir que para dos de los sujetos implicados la pena máxima que podrían recibir es de cinco años.

No obstante por tratarse de todos sujetos sin antecedentes es difícil que se logre concretar, y lo más probable es que nadie pise la cárcel. Además el Código Procesal Penal de Santa Fe prevé múltiples alternativas de pena, algunas de las cuales tienen que ver con una reparación económica y la imposibilidad de acercarse a alguna de las tres plantas que bloquearon y a los directivos amenazados.

La duda que se presenta es que estas penas alternativas pueden aplicarse si en la comisión de estos delitos no se aplicó ni violencia ni amedrentamiento, algo que claramente acá ocurrió. Además tampoco hay certezas acerca de cómo harán para reparar el enorme daño económico causado al bloquear por meses el ingreso y salida de materiales para la construcción y la pérdida de clientes.

Más allá de estas cuestiones, desde el Grupo Razzini se mostraron conformes con la resolución judicial porque finalmente se consideró delito lo realizado por estos integrantes de Camioneros Santa Fe y creen que de esta manera se fijó un precedente muy importante para frenar otros atropellos tanto a esta como a otra empresa.

El conflicto entre el grupo empresario vinculado al abastecimiento de insumos para la construcción, y la facción de Camioneros liderada por Sergio Aladio (opositor a la conducción nacional de Hugo Moyano), se había iniciado por un reclamo sindical para que ciertos trabajadores de la empresa pasaran estar encuadrados en este gremio.

La patronal se negó argumentando que su rubro principal no es el transporte, sino que trabaja en los sectores industrial y comercial. Ante esta postura, el gremio respondió impidiendo por meses todo ingreso y egreso a las tres firmas del grupo: Materiales, Industrial y Hormigonera, que entre las tres emplean a más de 100 personas.

No hay certezas acerca de cómo los imputados harán para reparar el enorme daño económico causado al bloquear por meses el ingreso y salida de materiales para la construcción y la pérdida de clientes"

Una vez que se concrete el fallo en la causa penal, Razzini podrá dar por cerrada la dura partida con la que lidió por nueve meses, y que llevó a los dueños a estudiar la posibilidad de salir del país por la desmedida presión gremial. Sin embargo, a fines del año pasado pudo empezar a torcer el rumbo, cuando la Justicia Laboral dejó firme el fallo por el cual desconoció el reclamo de reencuadramiento gremial, y denegó la reincorporación de trabajadores despedidos.