Resumen Ejecutivo
- El Ministerio Público de la Acusación postergó hasta el viernes 20 de noviembre de 2026 la audiencia imputativa por presunta estafa vinculada al desarrollo inmobiliario Damfield en Funes.
- Darío Maximiliano Fernández, titular de Davik SA, e Ismael Villegas Kalac solicitaron tiempo para negociar un acuerdo económico con los compradores denunciantes antes de la nueva citación judicial.
- El expediente penal investiga la presunta falta de información sobre intimaciones administrativas previas a una venta de cien mil dólares, aclarando que no existe sentencia condenatoria vigente.
- En paralelo, el proyecto continúa paralizado tras la revocación de autorizaciones hídricas por parte del Gobierno de Santa Fe en la cuenca del arroyo Ludueña.
La expansión urbanística del corredor oeste del Gran Rosario atraviesa una etapa de creciente exigencia regulatoria y control judicial. En ese escenario, el desarrollo inmobiliario Damfield, radicado en la ciudad de Funes, quedó en el centro de la escena empresarial tras la postergación de una audiencia clave en los tribunales provinciales.
De acuerdo con información oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la diligencia prevista para este martes al mediodía fue reprogramada para el próximo viernes 20 de noviembre. Los dos convocados solicitaron un plazo adicional para intentar alcanzar un acuerdo reparatorio con los compradores que impulsaron la denuncia penal.
Los citados a la audiencia, quienes transitan el proceso en libertad y se presentaron espontáneamente ante la Justicia, son Darío Maximiliano Fernández, presidente de Davik SA —sociedad fiduciaria del Fideicomiso Damfield Funes—, e Ismael Villegas Kalac, vinculado a la comercialización. La investigación pertenece al fiscal Ramiro González Raggio.
La causa se originó tras una presentación realizada por el exfutbolista Denis Rodríguez, con pasado en Newell’s, River y Belgrano, junto a su pareja. Según surge del expediente judicial, los denunciantes habrían invertido una suma cercana a los cien mil dólares estadounidenses en 2023 para adquirir un lote, sin recibir la posesión ni recuperar el capital.
La hipótesis fiscal analiza si al suscribir el boleto de compraventa se habrían omitido advertencias e intimaciones administrativas acumuladas desde 2022. Resulta indispensable precisar que el proceso se encuentra en etapa inicial, por lo cual no existe sentencia condenatoria firme y los peritajes referidos son preliminares y de parte.
En la gestión corporativa, la comercialización de activos en etapas tempranas funciona como la emisión de deuda privada sin calificación auditada. Cuando existen contingencias regulatorias previas, la asimetría informativa altera la evaluación del riesgo que asume el inversor, transformando un desajuste administrativo en un pasivo reputacional y financiero.
El frente ambiental y los desafíos de gobernanza en fideicomisos
El expediente penal transcurre en paralelo a una disputa administrativa con el Gobierno de Santa Fe. Durante 2024, las autoridades provinciales ordenaron paralizar las obras del loteo y revocaron las autorizaciones hídricas previamente otorgadas, tras formular objeciones ambientales vinculadas a su emplazamiento sobre la cuenca del arroyo Ludueña.
En octubre de 2026, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Rosario ratificó el rechazo de una acción de amparo presentada por el fideicomiso para revertir la suspensión. Los camaristas señalaron que el emprendimiento carecía de aprobación ambiental definitiva y requirieron un debate probatorio más amplio.
Mientras las tareas constructivas permanecen detenidas en el predio funense, la firma desarrolladora sostiene una presentación ante el fuero contencioso administrativo para revisar las resoluciones provinciales. En simultáneo, la negociación extrajudicial previa al viernes busca desactivar la instancia imputativa mediante una solución consensuada entre las partes involucradas.
Para las estructuras fiduciarias que operan en el mercado santafesino, la trazabilidad de las habilitaciones hídricas y ambientales constituye un activo crítico. Iniciar preventas comerciales sin aprobaciones sectoriales consolidadas expone al vehículo financiero a suspensiones abruptas, cortando el flujo de cobranzas y tensionando la liquidez del proyecto.
Asimismo, la superposición de instancias administrativas, civiles y penales demuestra cómo un conflicto técnico sobre el uso del suelo puede escalar rápidamente hacia la responsabilidad personal de los administradores. En este contexto, la diligencia debida del fiduciario exige documentar cada notificación estatal antes de perfeccionar cesiones o boletos.
Frente a este tipo de contingencias, los estándares modernos de gobernanza inmobiliaria priorizan cláusulas de divulgación transparente y auditorías técnicas independientes antes de ofrecer unidades al público. Establecer hitos verificables de factibilidad ambiental y reservas de contingencia permite blindar la operatoria frente a cambios regulatorios o reclamos contractuales.
La evolución de las conversaciones hasta el próximo viernes marcará el pulso inmediato del expediente penal en Rosario. Más allá de la resolución particular entre inversores y desarrolladores, el caso refleja la creciente ponderación del cumplimiento normativo como factor determinante para la sostenibilidad de los negocios inmobiliarios.
