Franco Z. y Jesuán M. pasarán los próximos tres meses presos, encerrados en un centro de detención santafesino si antes un tribunal de apelaciones no pone algo de sentido común. Tienen 27 y 26 años, trabajan como empleados y no tienen antecedentes penales. El domingo pasado a la salida de un boliche le pegaron una piña a un pibe de 20 años e intentaron hacer lo propio con el hermano. Hay una filmación que tuvo vasta difusión. La trompada tuvo una consecuencia inesperada: provocó una fractura que tuvo que ser operada, lo que impidió a Tiziano Gravier participar de sus compromisos de deportista.
Hay indicios de sesgo discriminatorio: los muchachos agresores habrían usaron el calificativo despectivo “Tincho” antes de lanzar la trompada. Ambos agresores se presentaron a la justicia junto con su abogado y quedaron detenidos. Sus casas fueron allanadas. En ninguna se encontraron indicios de odio racial, ideológico o de clase que hagan suponer que usaron el término despectivo Tincho de forma diferente a la que muchos argentinos usan diariamente (des) calificativos como “negro de mierda”, “puto de mierda”, “bolita” o tantas otros. Este viernes ambos fueron llevados a audiencia imputativa, en la que reconocieron el hecho, mostraron sincero arrepentimiento y pidieron disculpas a la víctima y su familia.
Pero Franco y Jesuán, además de cometer un acto reprochable e injustificado, tuvieron doble mala suerte. La primera fue que agredieron al hijo de un matrimonio famoso, por lo que el caso tuvo enorme repercusión mediática, al punto que puso al fiscal Rodrigo Santana a investigar una trompada a la salida del boliche. El abogado defensor de los acusados, Jorge Bedouret, viejo lobo de los pasillos de la Justicia penal, se la vio venir: “Si vos vas a hacer una denuncia porque te pegaron una piña y te quebraron nadie te va a prestar atención, lamentablemente”. Excepto que seas el hijo de famosos, le faltó aclarar.
También tuvieron mala suerte con el juez que presidió la audiencia. Hace tiempo hay cuestionamientos sobre la idoneidad de Hernán Postma para ejercer el cargo. La última denuncia en su contra lo puso a las puertas del jury de enjuiciamiento, del que fue salvado el senador Armando Traferri y cinco de los seis ministros de la Corte provincial.
La denuncia la elevó el procurador Jorge Barraguirre por mal desempeño y falta de idoneidad técnica. Estaba relacionada con la excarcelación del narco Ema Pimpi Sandoval y su hermano: Postma la autorizó con criterios tan arbitrarios como los que usó ahora para mandar a la cárcel a los agresores de Tiziano Gravier. A Sandoval le permitió salir siendo reincidente (había sido condenado por disparar a la casa del ex gobernador Bonfatti) y acusado de un triple intento de homicidio con arma de fuego por lo que enfrentaba una expectativa de pena alta, y había riesgo de fuga (de hecho su hermano Lucas se fugó).
El caso tomó estado público un año y medio después, cuando Ema Pimpi fue ejecutado por un grupo comando en la casa donde disfrutada de la prisión domiciliaria encubierta de la que era beneficiario sin corresponderle.
El escándalo fue tal que el fiscal general de la provincia profundizó las instrucciones referidas a excepción de prisión preventiva; el fiscal que había acordado la excarcelación con la defensa fue suspendido del cargo por 60 días; y Postma fue investigado y denunciado al tribunal de enjuiciamiento, que si bien lo salvó, a cambio ordenó un sumario administrativo que lleva 22 meses y el martes pasado provocó un arduo debate en el seno de la Corte Suprema por las intervenciones que hace Postma, que a criterio del juez Daniel Erbetta no tienen otro fin que prolongar plazos.
Justicia tardía y apática
Ema Pimpi Sandoval comercializaba drogas en zona norte para la banda de Esteban Lindor Alvarado, que esta semana fue el personaje central de otro hito judicial: por primera vez la Justicia federal lo condenó por tráfico de drogas a pesar de que lidera una banda narco que hace más de una década se la menciona en los diarios porque disputa a sangre y fuego el control de la región con Los Monos.
Es imposible ignorar que este fallo, que en esencia es una buena noticia, llega una vez más tarde, cuando la Justicia provincial ya investigó, detuvo y condenó a sus principales miembros. Es lo mismo que ocurrió con Los Monos. Alvarado fue condenado en soledad por traficar casi 500 kilos de marihuana, con una carga probatoria muy menor en relación al demoledor trabajo probatorio de los fiscales provinciales liderados por Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que la semana pasada consiguieron sentencias de prisión perpetua para Alvarado y sus principales cómplices.
Lo de la Justicia federal –y hay excepciones, por supuesto– no es sólo falta de recursos. Es parte de un modus operandi, de una apatía sistémica desde la base de la pirámide judicial, donde se ubica Bailaque que se niega a explicar por qué bloqueó las investigaciones a Alvarado entre 2014 y 2015, hasta la cumbre, que en mayo pasado decidió “bajar” a Rosario para sobreactuar su preocupación por la violencia narco y 48 horas antes rechazó tres recursos en queja de integrantes de Los Monos que tenía en espera hacía rato.
Casos similares, criterios diferentes
Es un despropósito encerrar 3 meses en la cárcel (en estas cárceles además) a dos muchachos que provocaron un daño (la fractura maxilar) no premeditado (aun cuando debieron componerse el riesgo, mínimo pero real), sin armas, ensañamiento u otros agravantes. No es cuestión de dispensarlos de la responsabilidad que admitieron, sino de señalar lo arbitrario de la prisión preventiva y lo incoherente que esa medida resulta con otros casos que se tratan en ese mismo edificio, donde acusa una institución verticalista como el MPA y es el mismo Colegio de Jueces el que garantiza derechos.
El proceso penal debe regirse por criterios legales-institucionales sin influencia de origen social o presión mediática, y hay casos que eso no está ocurriendo: se usan criterios diferentes para casos similares. Cuando eso ocurre, la justicia se vuelve arbitraria e impredecible. Quizás sea momento de que las instancias jerárquicas del MPA intervengan y ordenen.
En el caso de los agresores de Tiziano Gravier, el fiscal a la hora de pedir y el juez a la hora de resolver, tenían innumerables opciones antes de recurrir a la medida extrema y excepcional que es la privación de la libertad. Desde fijar una fianza hasta reglas de conducta y firma periódica en la Justicia. Hasta el jugador de Boca Sebastián Villa, imputado por abuso sexual con acceso carnal, sigue el proceso en libertad.
Por esas razones, estamos ante un típico caso de justicia selectiva, de doble vara, y en el que la prisión preventiva se está usando como pena anticipada, como castigo. Seguramente la Cámara de Apelaciones pondrá sensatez y dará vuelta el fallo, pero mientras tanto los muchachos habrán pasado diez días encarcelados y quizás pierdan sus empleos, todo por un hecho que bajo ningún punto de vista es “gravísimo” como dijo el juez Postma al dar su veredicto.
La vara Vicentin
Sigamos con los contrastes de la Justicia. 48 horas antes de la prisión preventiva a Franco y Jesuán, en ese mismo edificio estuvo el presidente de Vicentin Omar Scarel. Los fiscales Narvaja y Moreno le imputaron desobediencia judicial, pero cabe tener en cuenta que desde octubre de 2021 estaba imputado junto con el resto del directorio por estafas por más de 500 millones de dólares. Scarel y las otras 13 personas nunca estuvieron en prisión porque pudieron contratar el seguro de caución de 10 millones de dólares que le exigió el juez Lanzón.
El miércoles Scarel se fue del Centro de Justicia Penal sin esposas gracias a otros 500 mil dólares de fianza. Y aun cuando está claro qué tipo de personas son los Scarel & cía y el daño provocado a más de mil acreedores y todas las maniobras que los fiscales revelaron en audiencia, la posibilidad de seguir el proceso en libertad condicionada no está desajustada del derecho, aunque era más pertinente que lo enviaran a prisión preventiva en su a él que a los muchachos que le dieron una piña al hijo de la ex modelo.
Postma manda a dos trabajadores, que admitieron el hecho, se disculparon y están a disposición de la Justicia unas horas después de que el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia concurriera a la Cámara de Diputados. Allí contó sobre el caso de los miembros de Los Monos que tienen delivery de comida en la cárcel. Admitió que hay un área nueva de alojamiento que no se usa por falta de personal, entre muchas otras cuestiones que no son el tema de esta nota. Describió un estado de situación que dejó muy preocupados a los diputados, sobre todo por la sobrepoblación carcelaria y la situación de los trabajadores penitenciarios.
El 31 de marzo pasado, el alcaide mayor Darío Rossini, director general del Régimen Correccional de la provincia, envió una carta al Poder Judicial en la que informó que es “extremadamente critica” la situación de “sobrepoblación penal en los establecimientos dependientes de este Servicio Penitenciario de Santa Fe” al punto que “no permite contar con espacios para seguir alojando detenidos”. Una situación, describió, que vulnera derechos elementales de los que están detenidos y de quienes trabajan en esas unidades, además de poner “en serio riesgo la seguridad de los establecimientos penales”.
A ese lugar, y a pesar de esa situación, el fiscal Santana y el juez Postma mandaron a dos trabajadores por pegar una piña que provocó una fractura.
