La cuenta que no cerró: por qué el Gobierno tuvo que recortar su superávit

 El Gobierno amplió en $15,6 billones el gasto del año y redujo a $18,9 billones el superávit fiscal previsto para 2026

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Resumen Ejecutivo

  • El Gobierno nacional firmó el Decreto 1391/2026, que amplía el gasto del Presupuesto 2026 en unos $15,6 billones para lo que queda del año.
  • El refuerzo recorta el superávit fiscal estimado de $26,4 billones a unos $18,9 billones, según cálculos propios sobre la ejecución presupuestaria.
  • Casi dos tercios del dinero adicional, cerca de $10 billones, se destina al PAMI; otros $3,9 billones cubren intereses de la deuda pública.
  • La causa de fondo es la inflación: el presupuesto se armó con una pauta del 18% anual, pero la suba de precios real ronda el 33%.

El Gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 en $15,6 billones mediante el Decreto 1391/2026, firmado por todo el Gabinete de Ministros. La medida reconoce que varias partidas —sueldos, jubilaciones, intereses de deuda— quedaron cortas frente a una inflación real muy por encima de la proyectada, y recorta el superávit fiscal que el equipo económico esperaba mostrar al cierre del año.

Un ajuste que recorta el superávit fiscal y nace de una cuenta que no cerró

El Presupuesto 2026 se armó con una pauta de inflación anual cercana al 18%. Pero la suba de precios real, entre lo ya acumulado y lo que se proyecta para los próximos meses, ronda el 33%, casi el doble de lo calculado.

Es como armar el presupuesto de una pyme con un aumento de costos estimado y terminar pagando casi el doble en salarios, alquileres e insumos. La diferencia hay que cubrirla de algún lado, sea con más ingresos o con el colchón ahorrado en los meses buenos.

Esa diferencia obligó a actualizar partidas que se habían quedado chicas. El propio decreto reconoce que buena parte del refuerzo es, en rigor, una actualización por inflación y no necesariamente un aumento real del gasto público: la plata alcanza para lo mismo, pero hay que poner más billetes para pagarlo.

La ampliación surge de la Planilla Anexa I, un documento de 564 folios que detalla cada partida. Según ese cálculo, el crédito vigente hasta ahora rondaba los $152,47 billones, y el refuerzo de $15,6 billones equivale a un 10,2% adicional sobre ese total, concentrado en buena medida en las últimas semanas del año.

Los ingresos corrientes y de capital también subieron, unos $8,1 billones, pero no alcanzaron para cubrir todo el nuevo gasto. La diferencia, casi $7,5 billones, se descontó directamente del resultado fiscal: el superávit previsto para 2026 pasó de unos $26,4 billones a $18,9 billones, aunque el Tesoro acumulaba un saldo positivo de $33,2 billones hasta el 16 de noviembre.

El dato importa más allá de la discusión contable. El superávit fiscal es una de las variables que el mercado sigue de cerca para medir la solvencia del Estado, en un momento en que el riesgo país viene de varias semanas incomodas para el Gobierno.

Quién se lleva la mayor parte del refuerzo

Casi dos tercios del dinero adicional, unos $10 billones, quedaron para el PAMI, el organismo que paga las prestaciones médicas y los medicamentos de los jubilados. El pago de intereses y comisiones de la deuda pública se llevó otros $3,9 billones, una cifra más alta de lo calculado cuando se armó el presupuesto original.

Hubo también partidas más chicas: cerca de $800.000 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría y unos $200.000 millones para la Gendarmería Nacional, destinados a investigaciones de delitos complejos y operaciones antidrogas. Para financiar ese refuerzo, el área de Servicios Económicos cedió unos $2,3 billones que antes tenía asignados.

El movimiento llega mientras provincias y municipios, incluida Santa Fe, terminan de armar sus propios presupuestos para el año que viene, con la misma pregunta de fondo que el Gobierno nacional: cuánto margen deja la inflación real para sostener el gasto sin resignar el objetivo de equilibrio fiscal.

En el Presupuesto 2027 de la región conviven, igual que a nivel nacional, partidas que crecen y otras que ceden terreno, en un ejercicio de equilibrismo que cualquier administrador de pyme conoce de memoria.

Para quien sigue de cerca el financiamiento de una empresa, el detalle no es menor. El FMI viene reclamando reglas fiscales más estrictas, y cada corrección al superávit alimenta la discusión sobre qué tan firme es la meta de las cuentas públicas.

En paralelo, otra pata del mismo debate es hasta dónde puede llegar el Estado para aliviar la carga impositiva de las pymes sin resignar recaudación. Ese costado se discute hoy en el marco de los créditos fiscales del Presupuesto 2027.

La salida que eligió el Gobierno fue la de siempre: usar parte del colchón fiscal acumulado en los meses de superávit alto para absorber el golpe de la inflación, en lugar de recortar gasto en el tramo final de un año electoral. El resultado es un ejercicio que cerraría con superávit, aunque más chico que el anunciado a comienzos de 2026.

¿Cuánto bajó el superávit fiscal previsto para 2026?

Según cálculos propios sobre la ejecución presupuestaria, el superávit fiscal que el Gobierno esperaba mostrar al cierre de 2026 pasó de unos $26,4 billones a cerca de $18,9 billones, tras la ampliación de gasto autorizada por el Decreto 1391/2026. No es una cifra oficial, sino un cálculo que surge de cruzar los nuevos créditos con los ingresos previstos.

¿A qué se destinó el refuerzo de $15,6 billones del Presupuesto 2026?

Casi dos tercios, unos $10 billones, fueron para el PAMI. El resto se repartió entre el pago de intereses de la deuda pública ($3,9 billones), el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría (unos $800.000 millones) y la Gendarmería Nacional (unos $200.000 millones), mientras que el área de Servicios Económicos cedió $2,3 billones para financiar parte del refuerzo.

¿Por qué la inflación real superó la proyectada en el Presupuesto 2026?

El Presupuesto 2026 se calculó con una pauta de inflación anual del 18%, pero la suba de precios acumulada y proyectada para todo el año ronda el 33%. Esa brecha dejó cortas partidas como salarios, jubilaciones y el pago de intereses, y obligó al Gobierno a actualizar los créditos por decreto antes de fin de año.

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